• Categorías: Actualidad, Crisis inmobiliaria Publicado el 19.02.2009 Sin comentarios

    Arcosur es el nombre del gran sector de terrenos por el que se prevé extender el casco urbano de Zaragoza. Está cerca de la Feria de Muestras y queda limitado por el conocido como Cuarto Cinturón, la autovía de circunvalación de Zaragoza (Z-40). Son, en total, 440 hectáreas de tierras sin cultivar. El proyecto ha unido a iniciativa pública y privada, y ha despertado expectativas entre quienes aspiran a tener un piso de protección oficial en la capital aragonesa.

    Pero los años han ido pasando y los ladrillos siguen sin llegar. No han faltado las declaraciones optimistas de los responsables políticos para unas obras que siguen sin empezar. Ahora se confía en que todo se pueda hacer realidad sin tardar mucho. Ayer lo anunció el Ayuntamiento tras llegar a un acuerdo con los promotores: las obras de urbanización comenzarán el próximo junio, con el objetivo de que antes de que acabe el año empiece la edificación de los primeros pisos, según indicó el alcalde zaragozano, Juan Alberto Belloch.

    A la espera de que lleguen las obras, ya está el gran cartel que da publicidad a Arcosur, plantado sobre lo único que hay allí, un inmenso descampado. Desde hace unos días, a pie de la autovía de circunvalación Z-40 se levanta un vistoso cartelón con el optimista mensaje de las más de 21.000 viviendas de Arcosur. También hay alguna valla publicitaria más con similar leyenda a las afueras del casco urbano.

    Ciudadanos enfadados

    El que luce junto a la Z-40 ocupa un punto excelente como enclave publicitario. Esta vía distribuye el tráfico de entrada y salida a Zaragoza, además de enlazar con la autovía de Madrid, la de Teruel y la carretera de Castellón, así que el cartel tiene el «público» asegurado.

    Entre tanto, hace escasas semanas se presentó públicamente la nueva Asociación de Vecinos Arcosur, «Arqueros». Reúne a ciudadanos que llevan tiempo esperando que se construyan los pisos que han de ocupar en Arcosur cuando se construyan. «Ya está bien de jugar con las ilusiones y el dinero de los futuros vecinos, en su mayoría somos gente joven que optamos a nuestra primera vivienda, en la que hemos invertido ya todos nuestros ahorros, incluso realizando pagos desde el año 2005», indican desde esta asociación. Recuerdan, además, que de todas las viviendas proyectadas, «más de 2.500 sabemos que ya tienen propietario o propietaria», pero falta que se edifiquen.

    Arcosur contará con 21.148 viviendas, de las que 12.689 serán de protección oficial (VPO). De éstas, a su vez, 6.979 le corresponden al Ayuntamiento de Zaragoza y 5.710 son viviendas de protección oficial que construirán promotores privados.

    Arcosur es fruto de un convenio que aprobó el Consistorio en 2002, pero el trámite se ha ido dilatando años y años. La asociación «Arqueros» se queja de ello y de que, mientras tanto, se hayan incumplido los plazos anunciados hasta ahora. Por eso valoran el nuevo plazo que ayer anunció el alcalde Belloch, pero lo acogen con cierto escepticismo y se quejan de que se haya aceptado revisar al alza el precio fijado para las VPO.

    Belloch alcanza un acuerdo

    El Ayuntamiento asegura que por fin se ha logrado allanar el camino. Lo dijo ayer Juan Alberto Belloch, tras explicar el acuerdo alcanzado con la Junta de Compensación de Arcosur para favorecer el incremento del módulo de venta de la vivienda protegida, así como el número de pisos de protección que se podrán edificar. Se quiere ajustar los proyectos sin aumentar la edificabilidad. Así, en vez de las 12.689 VPO que están proyectadas, se puedan levantar finalmente 14.500.

    El alcalde informó que Ibercaja se ha comprometido a financiar los 90 millones de euros de crédito que necesitan los promotores para empezar la urbanización. Aunque no hay plazo para la conclusión de este nuevo gran sector residencial de Zaragoza, Belloch dijo ayer que en lo que resta de legislatura se podrían construir unas 5.000 VPO. También destacó la «valentía» de los promotores de Arcosur por defender este proyecto a pesar de la crisis económica, y aseguró que la vivienda es una apuesta «obvia», porque es la que más puestos de trabajo crea, de tres a cuatro por piso.

    Con menos optimismo se manifestaba, por su parte, la Asociación «Arqueros». Respecto al nuevo anuncio de que las obras de urbanización comenzarán en junio, recordaron que «ya se anunciaron para septiembre de 2008, una vez finalizara la Expo, y aún estamos esperando». Y criticaron que «ahora, para sacar adelante la urbanización de un proyecto que acumula seis años de retrasos en los trámites administrativos y más de cuatro meses en el inicio de su ejecución», el Ayuntamiento «ha cedido a los intereses de los promotores sin pensar en las consecuencias para los ciudadanos: se permitirá levantar en Arcosur más pisos de los previstos inicialmente, más pequeños, ya que la edificabilidad no aumenta, y más caros».

    Fuente: ABC.

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  • Categorías: Compra-venta de viviendas, Crisis inmobiliaria Publicado el 17.02.2009 Sin comentarios

    El negocio inmobiliario va cuesta abajo y sin frenos. Y es el mercado de segunda mano el que encabeza este hundimiento generalizado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre transmisiones de derechos de la propiedad.

    Así, las transacciones de viviendas usadas cayeron en 2008 nada más y nada menos que un 37,5 por ciento con respecto al ejercicio anterior, hasta los 3.725 inmuebles. La situación nacional no es más halagüeña: el desplome fue mayor, de hasta un 39%. Y es que, aunque pocos se atrevían a vaticinar un costalazo tan acusado, todos los indicadores hacían temer lo peor. Mientras los precios de los pisos nuevos ascendían en los últimos años entre un 10% y un 15% de media en Córdoba, la subida de los usados superó con creces a ésta, insuflando más aire en la burbuja inmobiliaria.

    Pero la crítica situación que atraviesa el sector del ladrillo no se está cebando tan sólo con los pisos usados. El frenazo en las ventas provocado a raíz de las restricciones de crédito a partir del cuarto trimestre de 2007 y recrudecido por el fuerte alza del desempleo en los últimos meses ha llegado ya hasta las Viviendas de Protección Oficial (VPO).

    En Córdoba, las operaciones de compraventa de inmuebles subvencionados parcialmente por las administraciones experimentaron un descenso interanual del 7,6 por ciento.

    Sin embargo, los datos de diciembre arrojan un halo de luz sobre el mercado de las VPO. Durante ese mes, fueron las únicas, frente a las libres, nuevas y usadas, que incrementaron sus transmisiones: un 14,4%, al ejecutarse 79 operaciones frente a las 69 de diciembre de 2007.

    De hecho, la Junta tiene previsto «amarrar» este salvavidas e inflarlo al máximo para salir al flote de la crisis. Entre las medidas de su Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008- 2012 , destaca la modifican las superficies mínimas y máximas para calificar las viviendas de protección oficial y permitir a los promotores de viviendas libres su conversión en protegidas. Eso sí, este flotador se puede «pinchar» si las entidades de crédito no abren el grifo a los proyectos inmobiliarios.

    En lo que respecta a las viviendas libres, el panorama también está marcado por la crisis. En el último ejercicio, la compraventa de este tipo de inmuebles descendió un 29,8 por ciento, al pasar de 10.276 operaciones registradas en 2007 a las 7.211 del último año.

    Y las nuevas tampoco se libran, aunque, eso sí, el descenso interanual fue algo menos brusco: de un 16,4 por ciento (5.565 frente a las 4.648 computadas en 2008).

    En general, las operaciones cayeron un 27,4 por ciento el pasado ejercicio, hasta las 8.373 operaciones. En Andalucía disminuyó algo más, un 28,7% hasta las 120.478 transacciones, mientras que en España, el descenso fue similar (28,6%).

    Andalucía, a la cabeza

    La comunidad autónoma fue la que, a nivel nacional, registró más negocios para la transmisión de viviendas, seguida de la Comunidad Valenciana (74.706), Cataluña (62.090) y Madrid (60.919).

    De las 120.478 transacciones inmuebles registradas en Andalucía, 27.376 se ubicaron en Málaga, 23.613 en Sevilla, 17.719 en Cádiz, 15.167 en Almería, 12.819 en Granada, 8.373 en Córdoba, 8.322 en Huelva y 7.089 viviendas en Jaén.

    En la región, la compraventa de viviendas libres cayó un 28,3 por ciento en relación con 2007, hasta 109.034 inmuebles, mientras que la de viviendas protegidas afectó a 11.444 residencias, lo que supone un descenso del 32, 4 por ciento respecto al año anterior. La mayor parte de las viviendas que se transmitieron por compraventa en 2008 eran nuevas (65.107 viviendas), mientras que 55.371 eran usadas.

    En cuanto al número total de fincas transmitidas, durante 2008 se efectuaron 37.025 operaciones, de las que 7.338 correspondieron a rústicas, 14.547 a urbanas; 4.029 a solares y 11.111 a otras urbanas, según el INE.

    Fuente: ABC.

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  • Categorías: Actualidad, Crisis inmobiliaria Publicado el 03.02.2009 Sin comentarios

    La ministra de Vivienda apuesta por la rehabilitación y la innovación ante la crisis que atraviesa la construcción.

    Si es verdad que toda crisis encierra una oportunidad, para la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el parón de la construcción es una ocasión de oro para modernizar el sector, apostando por la innovación y la tecnología en los procesos constructivos. Y es también la oportunidad para cambiar el patrón de crecimiento económico que ha marcado la evolución de España en el último decenio, en el que la construcción se había convertido en el principal motor de la actividad del país. Corredor lanzó estas reflexiones durante su intervención en Tribuna Barcelona, el foro de opinión de EL PERIÓDICO.

    “Hay que conseguir que la construcción deje de ser sinónimo de ladrillo y cemento” y se convierta en un nuevo modelo más sostenible, de crecimiento basado en la rehabilitación y la recuperación del parque existente de vivienda y los núcleos urbanos, en lugar del crecimiento “extensivo” de los últimos años, dijo. Para la ministra, ahora es el momento de acabar con los desequilibrios que han marcado esta actividad y que resumió en la creciente distancia entre la oferta y la demanda; los precios y la capacidad de pago de los ciudadanos; el escaso porcentaje de viviendas de protección oficial (VPO) sobre el total y el poco peso de la oferta de alquiler.

    Para reconducir esta situación y a la vez dar salidas a la crisis del sector, Corredor explicó que el Gobierno ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR). “Es el más ambicioso puesto en marcha hasta hora, prevé casi un millón de actuaciones y está dotado con 10.000 millones de euros”.

    Entre el plan y créditos del ICO se dedicarán 4.000 millones de euros a obras de rehabilitación, una de las apuestas más decididas del Ejecutivo para revitalizar el sector y recuperar parte del empleo que se ha perdido en la construcción residencial. La ministra cifró en unos 75.000 empleos anuales en los próximos cuatro años el efecto de las ayudas a la rehabilitación aislada de viviendas, que permitirán alcanzar las 470.000 actuaciones mientras dure el plan.

    Corredor anunció que en breve se aprobará otra línea de 110 millones de euros dedicada específicamente a la renovación de núcleos urbanos.

    CALIFICACIÓN DE VPO

    Para lograr un mayor equilibrio entre la producción y la demanda y que sirva para reducir el estoc de viviendas nuevas sin vender (que cifró en 650.000, citando a la patronal inmobiliaria), la ministra propuso a los promotores que, “en los casos en los que sea posible”, conviertan sus pisos libres sin vender en VPO, lo que les permitiría reducir su cartera de ventas y ampliaría el parque de pisos sociales.
    La ministra destacó que el Gobierno ha puesto en marcha también dos mecanismos para incrementar la seguridad y la igualdad en los sistemas de adjudicación de las viviendas protegidas, con la creación de los registros públicos de demandantes y la ampliación hasta un mínimo de 30 años del plazo en el que una vivienda protegida construida sobre un suelo público no podrá perder esa categoría y, por lo tanto, no podrá venderse a precios de mercado sino a los señalados por ley.

    Otra de las oportunidades que ha aparecido con la crisis es el abanico de posibilidades de los ciudadanos al intentar acceder a una vivienda. “Ahora hay más oferta de pisos, a precios más moderados y con tipos de interés aceptables, lo que permite que el cliente se pueda tomar con más tranquilidad y seguridad una de las decisiones económicas más importantes de su vida”, resaltó.

    La ministra también destacó que el Gobierno quiere ampliar la VPO en alquiler, cuyo parque es de solo 140.000 unidades, a las que el PEVR pretende sumar 100.000 de nueva construcción y otras 70.000 procedentes de rehabilitaciones.

    Fuente: El Periódico de Catalunya.

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  • Categorías: Legislación Publicado el 13.01.2009 Sin comentarios

    Nuevo intento del Gobierno catalán para facilitar el acceso a la vivienda de protección oficial (VPO). La Generalitat quiere evitar que los riesgos de insolvencia impidan que las entidades financieras concedan las hipotecas que los adjudicatarios de viviendas protegidas necesitan para adquirir los pisos.

    Ayer, el presidente catalán, José Montilla, anunció que la Generalitat avanza en un nuevo acuerdo con las cajas para crear una nueva garantía: si los dueños de las VPO no pagan su hipoteca, el Gobierno catalán recomprará los pisos.

    El objetivo del programa, “excepcional y transitorio”, es otorgar nuevas garantías de riesgo a las entidades financieras en las hipotecas que se concedan, en principio, sólo durante este año. A la espera de cerrar los detalles del acuerdo, los planes del tripartito pasan por que la opción de recompra de las viviendas esté abierta tanto al propietario que no pueda afrontar los pagos como a la entidad financiera que ha concedido el crédito. La adquisición por parte de la Generalitat se realizará durante el proceso judicial de embargo.

    Tras hacerse con la propiedad de las viviendas, el Ejecutivo catalán volverá a introducirlas en el mercado de VPO y serán adjudicadas a familias que estén en la lista de espera. Por su parte, los anteriores propietarios que no han pagado las cuotas del banco podrán optar a otras ayudas de la Generalitat para personas con escasos recursos.

    Condiciones especiales
    Fuentes del Departamento de Vivienda de la Generalitat explican que se estima que este año unas 15.000 hipotecas para la compra de VPO podrán incorporar la nueva salvaguarda. El índice de morosidad estimado es del 2% de las hipotecas, con lo que la Generalitat debería recomprar unas 300 viviendas. El tripartito sostiene que la medida tendrá “coste cero”, ya que la Administración recuperará en un plazo breve, tras la nueva adjudicación, el precio pagado por las viviendas.

    Este acuerdo no será el primero que impulsa la Generalitat con el sector financiero para facilitar el acceso a la VPO. El pasado julio, el Gobierno catalán suscribió un convenio con dieciocho bancos y cajas para crear una línea de préstamos en condiciones ventajosas para la compra de vivienda protegida y para obras de rehabilitación.

    En total, el convenio podría suponer una inyección de hasta 12.000 millones de euros por parte del sector financiero y compras o rehabilitaciones en 150.000 viviendas. En función del programa, los compradores de VPO pueden optar por préstamos hipotecarios con un tipo de interés fijo y que cubren hasta el 80% del precio de la vivienda, con tipos de entre el 5,7% y el 5,8% y cuotas crecientes.

    Por otro lado, el Instituto Catalán de Finanzas, la agencia crediticia de la Generalitat, ha abierto dos líneas de 100 millones de euros para financiar promociones de alquiler protegido y para compra o urbanización de suelo para VPO en propiedad.

    Fuente: Expansión.

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  • Categorías: Construcción de viviendas Publicado el 30.12.2008 Sin comentarios

    La consejería va a invertir 16,2 millones en construir inmuebles, algunos en alquiler con opción a compra.

    La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio va a invertir en la provincia de Almería 16,2 millones de euros en la promoción de 99 viviendas protegidas en la capital y en el municipio almeriense de Tíjola. Ambas actuaciones, aprobadas por la Junta en el último consejo de administración del año de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), se desarrollarán en el marco del actual Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.

    La actuación de la capital, en la que la consejería ha comprometido casi 13 millones de euros, contempla la construcción de 66 viviendas protegidas, 261 plazas de aparcamientos -66 de ellas vinculadas a los inmuebles-, y locales comerciales en el barrio de San Cristóbal.

    La promoción residencial será de régimen mixto, 28 pisos en venta y, 38, en alquiler con opción a compra, y servirá para alojar a las familias residentes de este barrio histórico de la ciudad.

    De hecho, en este enclave, la Consejería de Vivienda está desarrollando una actuación urbanística junto con el Ayuntamiento de Almería para rehabilitar la zona, situada al borde del Centro Histórico, en un entorno singular pero muy deteriorado.

    Hasta el momento, han informado desde la Junta, a la mayor parte de la problemática social existente en el barrio de San Cristóbal se le ha podido dar solución, gracias a la puesta en marcha de medidas encaminadas al realojo de la mayoría de los vecinos.

    En cuanto a la reconstrucción de la zona, Vivienda ya ha culminado el proceso de expropiación de los terrenos y ha concluido también la tramitación del proyecto de urbanización y reparcelación.

    Tres millones más

    Por su parte, la Junta invertirá en el municipio de Tíjola 3,38 millones de euros para gestionar la promoción de 33 inmuebles protegidos en venta.

    Las VPO, que se levantarán sobre una superficie construida de 2.305 metros cuadrados, tendrán una tipología unifamiliar y serán desarrolladas por el Ayuntamiento de la localidad.

    En el conjunto de la comunidad autónoma de Andalucía, la Consejería de Vivienda invertirá 41,2 millones de euros en el desarrollo de 402 inmuebles protegidos y en la urbanización y gestión de suelo industrial y residencial en diez municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

    Otras actuaciones

    De ese presupuesto global, en torno a unos 39,3 millones se destinarán a la promoción directa de 320 inmuebles de protección oficial en las capitales de Almería, Huelva y Málaga, así como en los municipios de Tíjola (Almería), Corteconcepción (Huelva), Navas de San Juan (Jaén), Utrera (Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

    Los algo más de 1,9 millones restantes se han comprometido para urbanizar y gestionar tres suelos residenciales en la localidad cordobesa de Baena y en la capital sevillana, con capacidad para construir 66 inmuebles de protección oficial; además de un solar industrial en el municipio jienense de Torredelcampo, que permitirá fomentar el tejido productivo de la zona.

    Fuente: Ideal.

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  • Categorías: Crisis inmobiliaria Publicado el 19.12.2008 Sin comentarios

    El precio de los pisos usados cae el 11% en el último año.

    La nueva planificación estatal y autonómica de vivienda ha obligado al Ayuntamiento de Barcelona a modificar sus planes. Y lo ha hecho ampliando el plazo de finalización, de 2011 a 2016. En las próximas dos legislaturas el Consistorio prevé que en la ciudad se promuevan 28.500 pisos de protección oficial, de los cuales 4.500 saldrán de las reformas de barrios. Pero, además, el Ayuntamiento se propone proporcionar más de 100.000 ayudas para el alquiler y 120.000 para rehabilitaciones.

    Este plan recoge las subvenciones que dan el Gobierno central y la Generalitat. El Consistorio requerirá 4.000 millones de euros para cumplir estos objetivos, para lo que cuenta con la asistencia de otras administraciones, por ejemplo, la renta básica de emancipación y las ayudas a la rehabilitación y al alquiler del Ejecutivo catalán. “La construcción de viviendas es sólo una parte del plan, que es el más integral y transversal que hemos tenido”, sostuvo el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu.

    El nuevo plan de vivienda incluirá la creación de programas sociales para los colectivos que tienen más dificultades para acceder a un piso. De acuerdo con el Consejo de Vivienda, habrá planes específicos para personas en riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de la violencia machista, gente con discapacidades, jóvenes y ancianos. El delegado municipal de Vivienda, Antoni Sorolla, recordó que en los últimos tiempos se han producido cerca de 25.000 compraventas y 23.000 contratos de alquiler anuales en la capital catalana, aunque prevé que las transacciones desciendan por la crisis financiera e inmobiliaria.

    De hecho, los precios de la vivienda usada en Barcelona siguen descendiendo. En el cuarto trimestre lo han hecho el 5%, el mayor experimentado en tres meses en la capital catalana. Pero además, descienden en todos los barrios por primera vez, según Comprarcasa, la red inmobiliaria de los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) de Barcelona. Si se compara con diciembre del año pasado, el valor de la vivienda ha bajado el 11%. Si se añade la inflación, han caído alrededor del 13,5%. Y eso son precios de salida, es decir, que todavía se puede negociar con los agentes de la propiedad o los dueños del piso y obtener una rebaja mayor.

    “El año termina y hemos tocado suelo. Pero lo hemos hecho en un mercado que no existe”. Así, gráficamente, se expresa el presidente de los API, Joan Ollé, que recuerda que hace apenas dos años, en plena euforia inmobiliaria, lo vendían prácticamente todo. “Las ventas han caído el 80% desde entonces. Pero parece que ahora nos mantenemos en ese nivel, que se traduce en no vender mucho, claro”, sostiene Ollé. Además, en el camino se han quedado el 50% de las empresas de intermediación. Algunas presentaron concursos, otras se fueron de España y otro grupo está cerrando tiendas.

    Los precios han caído en el último año en todos los distritos de Barcelona. Los que más han acusado el descenso son Ciutat Vella (-18%) y la parte derecha del Eixample (-16%). En ambos casos los precios se sitúan por debajo de los 4.500 euros el metro cuadrado, algo insólito en los años de bonanza. Pero todavía hay precios mejores. En Nou Barris, Sant Andreu y Horta-Guinardó el metro cuadrado ya vale menos de 4.000 euros.

    Fuente: El País.

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  • Categorías: Venta de viviendas Publicado el 19.12.2008 Sin comentarios

    En los nueve primeros meses se construye un 45 % más de VPO.

    El sector de la vivienda se “ajusta” a pasos agigantados. La compraventa de hogares se redujo el 32,6 % en los nueve primeros meses del año, según el Ministerio de Vivienda, que contabilizó en este periodo 434.629 operaciones frente a las 644.821 efectuadas en el mismo tramo del año anterior.

    La Comunidad de Madrid tuvo un comportamiento menos malo que la media nacional, con una caída del 29,2 %.

    La mayor caída se produjo en los pisos de segunda mano, que hasta julio se redujo ala mitad con un descenso del 47,2 %. Mejor comportamiento tuvo el mercado de viviendas nuevas, que se redujo sólo el 16,3 % hasta las 255.553 operaciones.

    Parón acentuado

    Si se tienen en cuenta los últimos 12 meses, el descenso de la venta de viviendas fue del 29,8%, pero se evidencia que en los meses más recientes se ha acentuado el parón.

    Por tipo de viviendas, las del mercado de libre promoción se hundieron un 58,2% en el tercer trimestre sobre el mismo periodo de 2007 y un 44,3% en el último año.

    El dato contrasta con el repunte del 45,8% que mostró la construcción de pisos de protección oficial (VPO) entre julio y septiembre en relación a los mismos meses del pasado año, según se desprende del informe del Ministerio. El aumento se puede explicar por la apuesta clara del sector por este segmento de mercado ante el parón de las ventas de viviendas libres. No obstante, en el último año se han construido un 14,3 % menos de VPO.

    Fuente: ADN.

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  • Categorías: Actualidad, Compra de viviendas Publicado el 20.11.2008 Sin comentarios

    El Defensor del Pueblo recibe numerosas denuncias y la Junta exculpa a la banca.

    El grifo de los créditos no se ha cerrado para la VPO. La Junta se alía con la banca y asegura que el 40% de las renuncias se deben a otras razones, sostuvieron ayer fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, seguros de que son más las solicitudes de préstamos retiradas por los clientes que las denegadas por las entidades. Sin embargo, las numerosas quejas recibidas en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz por la denegación de créditos hipotecarios motivaron la semana pasada que la institución remitiese una resolución a la Consejería de Vivienda instándole a solicitar de los bancos y cajas de ahorro una respuesta inmediata.

    Otro ejemplo. En la localidad sevillana de Villaverde del Río, de apenas 7.000 vecinos y que vive de la agricultura, 300 familias han renunciado a una vivienda protegida ante la negativa de las entidades financieras a concederles créditos hipotecarios. Primero, las 58 familias que fueron adjudicatarias y a continuación los 260 aspirantes que quedaron en lista de espera. La propia delegación provincial de Vivienda admitió que cada vez más ayuntamientos le piden ayuda porque, a pesar de tener demanda de VPO y promociones en marcha, la banca niega las hipotecas a los adjudicatarios.

    Una parte del convenio rubricado ayer ratifica el compromiso de las entidades financieras a “objetivizar” los criterios con los que aprueban o deniegan hipotecas, ante la “paradoja” desvelada en la resolución del Defensor de casos en en que agraciados en sorteos de VPO se encontraban con la negativa de estas entidades firmantes y la respuesta positiva de otros bancos o cajas que no firmaron estos convenios. En este supuesto, surge el problema de que, al no tratarse de préstamos cualificados, estas familias no tienen acceso a la subsidiación de las cuotas de amortización.

    La banca aprobó los criterios que se exigirán a los adquirientes de VPO para obtener un crédito hipotecario y resolver las solicitudes en dos meses, pero seguirán decidiendo en solitario a quienes se les conceden. El Defensor del Pueblo había estimado que, si el Gobierno y la Junta han inyectado fondos para que el sistema financiero gane liquidez, podía participar de la concesión de créditos para VPO, en concreto, de los conflictos que se produjeran por la denegación a familias solventes que consideraran injustificada la negativa. La institución propuso la creación de una figura de intermediación y/o arbitraje, con participación paritaria entre Administración y la banca, que en principio no ha sido abordada.

    La Junta y las entidades crediticias acordaron la creación de una comisión de seguimiento para controlar la ejecución del acuerdo.

    Fuente: Europa Sur.

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  • Categorías: Actualidad, Compra de viviendas, Venta de viviendas Publicado el 14.11.2008 Sin comentarios

    El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de la Comisión Interministerial de Trabajo sobre el Suelo. Este organismo se dedicará a buscar suelo patrimonio del Estado que no esté destinado a servicios públicos para que pueda utilizarse en la construcción de viviendas protegidas, y recopilará la información sobre los terrenos que haya disponibles de los ministerios.

    La comisión promoverá también la colaboración entre las distintas administraciones públicas -estatal, autonómicas y locales- para dinamizar este uso del suelo público y hará un seguimiento de los proyectos urbanísticos que surjan de esta iniciativa.

    El organismo interministerial estará presidido por el titular de la Secretaría General de Política Económica y Economía Internacional. La vicepresidencia la ocupará el titular de la Secretaría General de Vivienda del Ministerio de Vivienda, y completarán la comisión vocales de los Ministerios de Defensa, Economía y Hacienda, Interior, Fomento, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Vivienda.

    Acuerdo entre Vivienda y Defensa

    Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo entre Vivienda y Defensa por el que se enajenará el suelo de cuatro cuarteles que se dedicará a la construcción de 1.922 viviendas protegidas.

    Según este acuerdo, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente de Vivienda, adquirirá a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED) terrenos que actualmente ocupan el Parque de Ingenieros de Villaverde (Madrid), el Parque de Artillería y el Parque Central de Ingenieros de Valencia y el Regimiento de Artillería de Sevilla.

    Una vez comprados los terrenos, la SEPES los urbanizará para que, al menos, el 70% de los mismos puedan ser destinados a la construcción de vivienda protegida. En total, la SEPES va a adquirir a GIED más de 385.000 metros cuadrados de superficie edificable de modo que, tras adecuar su urbanización, puedan construirse 1.922 viviendas protegidas en los municipios de Madrid (1.016 viviendas), Valencia (457) y Sevilla (449).

    La cuantía final fijada en el convenio por la enajenación de los terrenos asciende a 112.911.364,87 euros. Este acuerdo se inscribe dentro del Protocolo General de Colaboración entre ambos ministerios que fue presentado al Consejo de Ministros en febrero de 2008 y constituye un paso más en la estrategia del Gobierno de impulsar una política patrimonial “eficaz y responsable al servicio de los intereses generales”, señala la reseña del Consejo.

    Oferta Pública de Compra de Suelo

    Por otra parte, el Consejo de hoy ha estudiado un informe de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, sobre la Oferta Pública de Compra de Suelo que se publicó el pasado 28 de octubre en el Boletín Oficial del Estado.

    La oferta, que tendrá una duración de cuatro años, cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros, a los que la SEPES sumará otros 130 millones en la urbanización. Se calcula que estos suelos permitirán la construcción de entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas, según recordó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

    Las parcelas ofrecidas deberán tener una superficie que permita la construcción de, al menos, 300 viviendas, con la excepción de Ceuta y Melilla, donde el mínimo será de 150 viviendas. La oferta se hace para los municipios de más de 20.000 habitantes, dando prioridad a las propuestas que consoliden zonas urbanas. Asimismo, sólo se acometerán operaciones económicamente viables y en las que la SEPES tenga la iniciativa urbanística.

    Fuente: Expansión.

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  • Categorías: Actualidad Publicado el 12.11.2008 Sin comentarios

    La inversión prevista en barrios históricos supera los 66 millones · Sólo con las ayudas del programa autonómico se realizaron más de 3.000 obras entre 2003 y 2007.

    Frente a la complejidad de iniciar y culminar una promoción de vivienda protegida (búsqueda de suelos, construcción, sorteos, reclamaciones y unos plazos que se dilatan, con frecuencia, más allá de un mandato político), los programas públicos de rehabilitación se han revelado como una alternativa más ágil para que muchos propietarios con limitados recursos conserven su vivienda, sobre todo en cascos históricos y con especial protagonismo de municipios pequeños, donde la cercanía a los ayuntamientos permite a muchos vecinos tener información de los programas y solicitarlos en tiempo y forma.

    Sólo dentro del IV Plan andaluz y entre los años 2003 y 2007 se realizaron más de 3.000 obras subvencionadas dentro del programa de rehabilitación autonómica, una de las modalidades más reclamadas, y la inversión rozó los 21,9 millones. A ello se unen los programas de Rehabilitación Integral de Barriadas, en los que se mezclan diferentes ayudas para conservar y revitalizar barrios históricos con riesgo de despoblación y deterioro de su caserío. Hay en marcha cinco iniciativas de este último tipo en la provincia, con una inversión global prevista de 66,5 millones con los que se actuará sobre un parque de más de 38.600 viviendas, en las que viven casi 110.000 personas, según la Junta. Aunque, en el caso concreto de la capital, las actuaciones van con cierto retraso sobre lo previsto.

    La delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Rosario Ayala, que antes de asumir su cargo fue concejal en Los Palacios, subraya que el porcentaje de ejecución de estos programas en los sucesivos planes de Vivienda y Suelo ha sido muy alto frente a los pobres resultados -que se intenta corregir ahora- de la VPO.

    El programa de rehabilitación autonómica va destinado a familias cuyos ingresos no superen 2,5 veces el salario mínimo -fijado en 600 euros para 2008- y a mejorar las condiciones de habitabilidad de las casas con más de diez años: reparar techos o acondicionar baños, entre otras mejoras. El presupuesto de la obra no puede superar los 14.000 euros, de los que la Junta sufraga el 50% -el 70% si el propietario es mayor de 65 años-, además de la gratuidad del proyecto y las licencias.

    A este tipo de intervenciones responden mayoritariamente los carteles con el fondo verde que cuelgan de los andamios de muchas obras cuando se pasea por los pueblos y que se han convertido en una alternativa de empleo cuando la construcción de obra nueva está casi paralizada. Los ayuntamientos deben solicitar el programa y si el año pasado fueron 85 municipios los que se sumaron, en 2008 sólo se han quedado fuera tres de los 105: Valencina de la Concepción, Camas y Castilleja del Campo, según Ayala, porque con las subvenciones de otros años han cubierto la demanda que tenían.

    Pero en Sevilla destacan además los denominados programas de Rehabilitación de Áreas Concertadas, intervenciones integrales en barrios históricos “de gran valor patrimonial, afectados por problemas de despoblamiento y envejecimiento”, donde se abren oficinas in situ para gestionar cerca del vecino los distintos programas de rehabilitación. El reto es revitalizar estos barrios, potenciar “sus tradiciones y comercios”.

    Es lo que se está haciendo en el casco norte del centro de la capital, que abarca los barrios de la Alameda, San Luis y San Julián. Ayer mismo, la Delegación provincial hizo entrega de proyectos y resoluciones de subvenciones para 246 viviendas y dos locales comerciales de la zona, con una inversión de más de 3 millones de euros, de los que 2,5 los aporta la Junta. A lo largo de todo el plan serán 23,1 millones.

    La oficina abrió en marzo de 2004 y, hasta hoy, aunque con cierto retraso, se han ejecutado obras en 121 viviendas y en otras 954 se está actuando o se va a actuar en breve: 180 están acogidas al programa de rehabilitación singular para la instalación de ascensores, eliminación de humedades o mejora de los suministros de agua y luz; 35 están mejorando zonas comunes, con el programa de rehabilitación de edificios; 65 se están beneficiando del programa de transformación de infravivienda y, finalmente, 119 se están recuperando gracias al programa de rehabilitación autonómica, entre otras.

    También se llevan a cabo programas similares en el centro de Alcalá de Guadaíra, en el conjunto amurallado y el arrabal del Postigo en Carmona, a los que se sumarán en breve Lebrija y Marchena. En el caso del programa alcalareño, se inició en mayo de 2005, con una inversión prevista de 8,3 millones (5,1 aportados por la Junta) en las viviendas de los barrios de San José-Corocha y San Miguel-El Castillo. Hasta la fecha ya se ha ejecutado el 50% y se está interviniendo en estos momentos en 217 inmuebles, con distintos programas de rehabilitación (singular, eliminación de infravivienda o autonómica).

    El área de Rehabilitación Concertada de Carmona está en marcha desde julio de 2004, con una inversión prevista de 7,6 millones, 2,4 millones aportados por la Consejería. Se ha intervenido en 284 inmuebles, en 124 de ellos se han concluido ya los trabajos. Se trata de inmuebles de la zona centro y los sectores de San Felipe-Plaza de la Romera, Santiago, San Blas y Arrabal del Postigo.

    En Lebrija, el programa se ha iniciado este mismo año en 99 viviendas (50 con rehabilitación singular, 40 con autonómica y 9 acogidas al plan de infravivienda), con una inversión comprometida en 2008 de 1,8 millones de euros. El próximo año, serán más de tres millones de euros. El plan de intervención en la zona centro de Marchena está en redacción. Para este año que está a punto de terminar estaba comprometida una inversión de dos millones, algo más de 990.000 procedentes de la Junta.

    Fuente: Diario de Sevilla.

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