Periódico del Sur Inmobiliario

El negocio inmobiliario va cuesta abajo y sin frenos. Y es el mercado de segunda mano el que encabeza este hundimiento generalizado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre transmisiones de derechos de la propiedad.

Así, las transacciones de viviendas usadas cayeron en 2008 nada más y nada menos que un 37,5 por ciento con respecto al ejercicio anterior, hasta los 3.725 inmuebles. La situación nacional no es más halagüeña: el desplome fue mayor, de hasta un 39%. Y es que, aunque pocos se atrevían a vaticinar un costalazo tan acusado, todos los indicadores hacían temer lo peor. Mientras los precios de los pisos nuevos ascendían en los últimos años entre un 10% y un 15% de media en Córdoba, la subida de los usados superó con creces a ésta, insuflando más aire en la burbuja inmobiliaria.

Pero la crítica situación que atraviesa el sector del ladrillo no se está cebando tan sólo con los pisos usados. El frenazo en las ventas provocado a raíz de las restricciones de crédito a partir del cuarto trimestre de 2007 y recrudecido por el fuerte alza del desempleo en los últimos meses ha llegado ya hasta las Viviendas de Protección Oficial (VPO).

En Córdoba, las operaciones de compraventa de inmuebles subvencionados parcialmente por las administraciones experimentaron un descenso interanual del 7,6 por ciento.

Sin embargo, los datos de diciembre arrojan un halo de luz sobre el mercado de las VPO. Durante ese mes, fueron las únicas, frente a las libres, nuevas y usadas, que incrementaron sus transmisiones: un 14,4%, al ejecutarse 79 operaciones frente a las 69 de diciembre de 2007.

De hecho, la Junta tiene previsto «amarrar» este salvavidas e inflarlo al máximo para salir al flote de la crisis. Entre las medidas de su Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008- 2012 , destaca la modifican las superficies mínimas y máximas para calificar las viviendas de protección oficial y permitir a los promotores de viviendas libres su conversión en protegidas. Eso sí, este flotador se puede «pinchar» si las entidades de crédito no abren el grifo a los proyectos inmobiliarios.

En lo que respecta a las viviendas libres, el panorama también está marcado por la crisis. En el último ejercicio, la compraventa de este tipo de inmuebles descendió un 29,8 por ciento, al pasar de 10.276 operaciones registradas en 2007 a las 7.211 del último año.

Y las nuevas tampoco se libran, aunque, eso sí, el descenso interanual fue algo menos brusco: de un 16,4 por ciento (5.565 frente a las 4.648 computadas en 2008).

En general, las operaciones cayeron un 27,4 por ciento el pasado ejercicio, hasta las 8.373 operaciones. En Andalucía disminuyó algo más, un 28,7% hasta las 120.478 transacciones, mientras que en España, el descenso fue similar (28,6%).

Andalucía, a la cabeza

La comunidad autónoma fue la que, a nivel nacional, registró más negocios para la transmisión de viviendas, seguida de la Comunidad Valenciana (74.706), Cataluña (62.090) y Madrid (60.919).

De las 120.478 transacciones inmuebles registradas en Andalucía, 27.376 se ubicaron en Málaga, 23.613 en Sevilla, 17.719 en Cádiz, 15.167 en Almería, 12.819 en Granada, 8.373 en Córdoba, 8.322 en Huelva y 7.089 viviendas en Jaén.

En la región, la compraventa de viviendas libres cayó un 28,3 por ciento en relación con 2007, hasta 109.034 inmuebles, mientras que la de viviendas protegidas afectó a 11.444 residencias, lo que supone un descenso del 32, 4 por ciento respecto al año anterior. La mayor parte de las viviendas que se transmitieron por compraventa en 2008 eran nuevas (65.107 viviendas), mientras que 55.371 eran usadas.

En cuanto al número total de fincas transmitidas, durante 2008 se efectuaron 37.025 operaciones, de las que 7.338 correspondieron a rústicas, 14.547 a urbanas; 4.029 a solares y 11.111 a otras urbanas, según el INE.

Fuente: ABC.

La ministra de Vivienda apuesta por la rehabilitación y la innovación ante la crisis que atraviesa la construcción.

Si es verdad que toda crisis encierra una oportunidad, para la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el parón de la construcción es una ocasión de oro para modernizar el sector, apostando por la innovación y la tecnología en los procesos constructivos. Y es también la oportunidad para cambiar el patrón de crecimiento económico que ha marcado la evolución de España en el último decenio, en el que la construcción se había convertido en el principal motor de la actividad del país. Corredor lanzó estas reflexiones durante su intervención en Tribuna Barcelona, el foro de opinión de EL PERIÓDICO.

“Hay que conseguir que la construcción deje de ser sinónimo de ladrillo y cemento” y se convierta en un nuevo modelo más sostenible, de crecimiento basado en la rehabilitación y la recuperación del parque existente de vivienda y los núcleos urbanos, en lugar del crecimiento “extensivo” de los últimos años, dijo. Para la ministra, ahora es el momento de acabar con los desequilibrios que han marcado esta actividad y que resumió en la creciente distancia entre la oferta y la demanda; los precios y la capacidad de pago de los ciudadanos; el escaso porcentaje de viviendas de protección oficial (VPO) sobre el total y el poco peso de la oferta de alquiler.

Para reconducir esta situación y a la vez dar salidas a la crisis del sector, Corredor explicó que el Gobierno ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR). “Es el más ambicioso puesto en marcha hasta hora, prevé casi un millón de actuaciones y está dotado con 10.000 millones de euros”.

Entre el plan y créditos del ICO se dedicarán 4.000 millones de euros a obras de rehabilitación, una de las apuestas más decididas del Ejecutivo para revitalizar el sector y recuperar parte del empleo que se ha perdido en la construcción residencial. La ministra cifró en unos 75.000 empleos anuales en los próximos cuatro años el efecto de las ayudas a la rehabilitación aislada de viviendas, que permitirán alcanzar las 470.000 actuaciones mientras dure el plan.

Corredor anunció que en breve se aprobará otra línea de 110 millones de euros dedicada específicamente a la renovación de núcleos urbanos.

CALIFICACIÓN DE VPO

Para lograr un mayor equilibrio entre la producción y la demanda y que sirva para reducir el estoc de viviendas nuevas sin vender (que cifró en 650.000, citando a la patronal inmobiliaria), la ministra propuso a los promotores que, “en los casos en los que sea posible”, conviertan sus pisos libres sin vender en VPO, lo que les permitiría reducir su cartera de ventas y ampliaría el parque de pisos sociales.
La ministra destacó que el Gobierno ha puesto en marcha también dos mecanismos para incrementar la seguridad y la igualdad en los sistemas de adjudicación de las viviendas protegidas, con la creación de los registros públicos de demandantes y la ampliación hasta un mínimo de 30 años del plazo en el que una vivienda protegida construida sobre un suelo público no podrá perder esa categoría y, por lo tanto, no podrá venderse a precios de mercado sino a los señalados por ley.

Otra de las oportunidades que ha aparecido con la crisis es el abanico de posibilidades de los ciudadanos al intentar acceder a una vivienda. “Ahora hay más oferta de pisos, a precios más moderados y con tipos de interés aceptables, lo que permite que el cliente se pueda tomar con más tranquilidad y seguridad una de las decisiones económicas más importantes de su vida”, resaltó.

La ministra también destacó que el Gobierno quiere ampliar la VPO en alquiler, cuyo parque es de solo 140.000 unidades, a las que el PEVR pretende sumar 100.000 de nueva construcción y otras 70.000 procedentes de rehabilitaciones.

Fuente: El Periódico de Catalunya.

El constructor de Fuenlabrada promete viviendas por 100.000 euros junto a las que valen no menos de 200.000.

El promotor José Moreno, conocido como el pocero de Fuenlabrada, y el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (IU), han llegado a un principio de acuerdo verbal para sacar a la venta viviendas de protección oficial (VPO) de 90 metros cuadrados a un precio máximo inferior a los 100.000 euros en el límite de las provincias de Madrid y Toledo, al lado de la autopista de peaje Radial 4 y 30 kilómetros de Madrid capital. Dirigidas a jóvenes y trabajadores, los que las adquieran serán vecinos de la megaurbanización que construye Francisco Hernando, Paco el pocero, cuyos precios no bajan de 200.000 euros.

Así lo ha informado Manuel Fuentes, quien ayer se reunió con José Moreno, que ya ha entregado viviendas a precios similares en el municipio madrileño de Fuenlabrada que le han valido el apelativo de el Pocero bueno frente al malo, que sería Paco el Pocero.

Moreno comparte origen profesional con Francisco Hernando, promotor de un gigantesco PAU de 13.508 viviendas en Seseña cuya autorización fue denunciada en su momento por el actual alcalde y que ha originado un intercambio de querellas entre Hernando e IU. Anticorrupción ha anunciado al ex alcalde socialista de Seseña por permitir la obra.

El 3% de beneficio

Las primeras 21 VPO que proyecta Fuentes en Seseña se encuentran en la linde de la mega urbanización de Herrando en el municipio toledano, que no las vende por menos de 200.000 euros. Esta urbanización tendrá, cuando esté terminada, 13.500 viviendas, aunque de momento hay levantadas 5.000 y vendidas poco más de mil. Moreno ha declarado que no le preocupa que las viviendas del Pocero no se estén vendiendo. “Cuando se venden pisos a precios razonables, la gente los compra. Es más, nos quitan las viviendas de las manos. De este modo vamos a poder demostrar que incluso si hiciéramos más también las venderíamos”, ha añadido.

Según ha indicado el regidor, el Ayuntamiento quiere poner en el mercado, a través de la recientemente creada Empresa Municipal de la Vivienda, viviendas de protección a un precio sensiblemente inferior al estipulado en el módulo actual. El promotor obtendría el 3% de beneficio en los casos de promociones de pocas viviendas y, si el número de viviendas supera las 300, ese porcentaje se reduciría al 2,5 ó 2,75%. Fuentes ha explicado que esta iniciativa supone “la unión de quienes hemos estado luchando por un urbanismo sostenible y porque se consolide un derecho que deben de tener todos los ciudadanos como es el derecho a la vivienda digna y además asequible”.

El alcalde ha expuesto que, en la crisis económica actual y con el precio de la vivienda “disparado”, el acceso a la vivienda “es imposible” para “la gente trabajadora y la gente joven”, por lo que esta iniciativa ofrecerá una respuesta a esa situación y, además, impulsará la creación de empleo en la comarca de La Sagra. Este mismo año se ofertarán las primeras 21 viviendas municipales a un precio que rondará los 90.000 y los 100.000 euros.

Fuente: El País.

La caída del sector paga su precio. El desempleo crece un 25% en un año, con medio millón más de altas, y supera los 2,5 millones.

España registra ya más de dos millones y medio de desempleados, la cifra más alta en diez años, y cerca de medio millón (uno de cada cinco) pertenecen al sector de la construcción. Según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo, en tan sólo un año el Instituto Nacional de Empleo (INEM) ha sumado más de medio millón de desempleados a sus listas. De esta forma, el incremento anual se aproxima al 25%. Sólo en agosto, se registraron 103.085 nuevos parados, un 4,25% más que en el mes anterior.

La construcción y los servicios relacionados con esta área protagonizan de nuevo el mayor desempleo. Los parados de este sector crecieron un 9,9% en agosto, pero la tasa interanual supera el 71%.

El ladrillo marca el paso

El total de personas que han perdido su trabajo en la construcción se sitúa ya en 429.060, es decir, prácticamente uno de cada cinco parados en España, cuando este sector ha venido aportando en torno al 12% del PIB.

Además, a tenor del estancamiento del mercado inmobiliario, todo parece indicar que esta actividad seguirá destruyendo empleo ya que las expectativas de desarrollo de la construcción no son muy muy halagüeñas, especialmente en el mercado residencial, que ha liderado el modelo económico en los últimos años.

Se calcula que en estos momentos existen entre 500.000 y 700.000 casas sin vender, una circunstancia que no invita a emprender nuevos proyectos. Pero la alternativa que se plantea, el fomento de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) para paliar esta situación, podría retrasarse más de los previsto. Hace tan sólo unos días, los promotores señalaban que la falta de suelo y las dificultades de financiación por parte de las entidades financieras para este tipo de viviendas, están frenando su desarrollo.

Además de dichas viviendas, el Gobierno anunció un incremento de la obra pública para recolocar a los parados, un proyecto que tampoco ha avanzado.

Dentro de los parados de la construcción, los inmigrantes constituyen uno de los colectivos más afectados, ya que en los últimos doce meses se incrementaron un 101,4%, sólo en este sector. En agosto experimentaron un incremento del 5,2%, con 13.840 desempleados más. De esta forma, el número total de extranjeros en paro se sitúa en  280.298.

Mejor que en 1993

Cada día se conocen nuevos datos económicos que permiten equiparar la actual crisis a la sufrida en 1993. Sin embargo, en el ámbito del paro, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, aunque reconoce el empeoramiento de la situación, asegura que la coyuntura es “muy diferente a la de crisis anteriores”. Entre otros elementos, el número de personas ocupadas es muy superior a las de hace 15 años, cuando se registraban 12 millones frente a los casi 20 actuales, explicó ayer en un comunicado. Además, la tasa de desempleo actual es del 10,5% frente al 22% de dicho año.

El propio Zapatero ha admitido que los datos del desempleo evidencian “el proceso de frenazo y estancamiento” económico, pero ha insistido en que nuestro país está preparado para superar el deterioro del mercado laboral porque cuenta con “20 millones de personas trabajando” y asegura que existe “más protección que nunca”.

La Seguridad Social sufre los malos datos laborales
La Seguridad Social sufre también las consecuencias del deterioro del mercado laboral, ya que ha perdido 244.666 afiliados en agosto. La media de ocupados en dicho mes se situó en 19.137.556. De esta forma, el número de inscritos acumula un descenso del 0,77% en los últimos doce meses. No obstante, la media de afiliados en los ocho primeros meses de 2008 es de 19.297.790 personas, según datos del Ministerio de Trabajo, cifra superior a la del mismo periodo del año pasado (19.172.978).

Dentro del Régimen General, en el octavo mes del año, se registró un incremento de la afiliación en actividades sanitarias y servicios sociales y en los hogares que emplean personal doméstico. Sin embargo, la pérdida fue mayor en la construcción, con 86.824 afiliados menos, sector que contabiliza una caída interanual de 288.369 ocupados. También creció la afiliación de extranjeros respecto al año anterior.

Acortando distancias

Por otro lado, crece la afiliación entre mujeres, con una tasa interanual del 1,84% y desciende entre los hombres, un 2,63% menos. La distancia entre el desempleo femenino y masculino se acorta también.

El paro femenino se sitúa en un total de 1.367.810 personas y supera en 205.619 las listas de hombres sin trabajo. No obstante, en agosto el aumento del desempleo afectó más a éstos últimos. De un total de 103.085 parados, 76.089 fueron varones y el resto mujeres.

Por edades, el desempleo se incrementó en un 4,2% entre los jóvenes menores de 25 años durante el pasado mes.

Fuente: Gaceta.

El nuevo baremo sube el arrendamiento a quienes ganen más de 21.000 euros

El Departamento de Vivienda del País Vasco va a rebajar el alquiler a los inquilinos que ocupan los pisos sociales de su propiedad, unas casas destinadas a la población con menos recursos. Se trata de una medida que penalizará a los arrendatarios con las rentas más altas (a partir de 21.000 euros brutos al año) y beneficiará, a los ciudadanos con los ingresos más bajos. El objetivo es que el colectivo con más rentas se desplace hacia el parque de alquiler de viviendas de protección oficial (VPO), algo más caras, pero asequibles a sus posibilidades.

De esa forma, los pisos sociales quedarían destinados exclusivamente a los ciudadanos con menos posibilidades económicas, que es su verdadera finalidad. José Manuel de la Fuente, el director general de Alokabide, la sociedad que gestiona estos pisos y que depende del departamento, puntualizó ayer que el nuevo sistema de tarifas entrará en vigor a partir de septiembre.

De la Fuente compareció en la Comisión de Ordenación Territorial del Parlamento junto al titular de Vivienda, Javier Madrazo, para explicar cómo gestiona la consejería los pisos sociales en alquiler. Las quejas de varios usuarios acerca del servicio que presta Alokabide propiciaron esta intervención, solicitada por los partidos de la oposición. Alokabide gestiona un parque de 1.530 viviendas propias. La renta media que pagan en este momento es de 310 euros (gastos de comunidad e Impuesto de Bienes Inmuebles incluidos). Con el nuevo sistema, esa renta media bajará hasta los 304.

Actualmente, aplica las tarifas rigiéndose por un sistema de siete tramos diferentes de renta. Desde los que cobran menos de 3.000 euros brutos al mes (120 euros de alquiler) hasta los que superan los 33.000 euros (más de 600 euros de renta). Con este modelo, a veces se producen subidas bruscas de renta para los inquilinos, cuando pasan de un tramo a otro al mejorar sus ingresos.

El sistema que entrará en vigor en septiembre fija una tarifa plana de 75 euros de alquiler para las personas con rentas iguales o inferiores a 3.000 euros y otra tarifa plana de 665 euros para rentas de hasta 28.000 euros. Entre medio de ambas, se van escalonando los alquileres según los ingresos anuales del inquilino. En los tramos más bajos (hasta 21.000 euros), apenas se producen variaciones cuando el arrendatario mejora sus ingresos. Sin embargo, a partir de los 21.000 euros la renta a pagar sí da un salto más considerable. Alokabide ofrecerá a los antiguos inquilinos que se mantengan en el actual sistema de pago, mientras que a los nuevos se les aplicará el que se está ultimando.

Fuente: El País.