Periódico del Sur Inmobiliario

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró ayer que el Gobierno aprobará el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 ‘antes de Navidad’, si bien reconoció que aún ’se están manteniendo reuniones (con bancos y cajas) para su financiación’.

Tras inaugurar la jornada ‘Ecociudades. Una alternativa de futuro’, organizada por la entidad pública de suelo SEPES, la titular de Vivienda subrayó que ‘el Plan está siguiendo los planes preceptivos’, de modo que el Gobierno prevé aprobarlo ‘en las próximas semanas’, dependiendo del programa del Consejo de Ministros, pero ‘desde luego antes de Navidad’.

Explicó que ‘el trámite de alegaciones al Real Decreto acabó el día 17 de noviembre’, y que ‘ahora se están incorporando al texto definitivo’, para añadir a continuación que ’simultáneamente se están manteniendo reuniones para la financiación’.

El Ministerio de Vivienda no ha ocultado que las negociaciones para firmar los convenios de colaboración con las entidades financieras se han encontrado con ciertas dificultades en el actual contexto de falta de liquidez y sequía crediticia.

Por ello, la ministra de Vivienda ha llegado a pedir a las entidades financieras que ‘estén a la altura’ y que, una vez se han beneficiado de las medidas financieras adoptadas por el Gobierno, colaboren facilitando la financiación a compradores y promotores en el marco del Plan.

En cuanto a la oferta pública de compra de suelo a través de SEPES, Corredor rehusó realizar balance alguno de las ofertas recibidas a la espera de que se cierre el plazo de presentación el próximo 29 de diciembre. Con todo, indicó que ‘naturalmente’ está teniendo una buena acogida, como ‘era de esperar’, por lo que ‘está respondiendo a la expectativa’.

De acuerdo con las previsiones de participación, el Gobierno ha destinado a esta oferta 300 millones de euros para la compra de suelo y otros 130 millones de euros para su urbanización, con la idea de generar proyectos para construir entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas.

‘En las comisiones bilaterales con las comunidades autónomas estamos firmando convenios a través de SEPES para cuando acabe el plazo de presentación, empezar a trabajar conjuntamente con cada una de ellas’, concluyó Corredor.

Fuente: UrbaNoticias.

Asistirán además el director general de Arquitectura y el del SEPES y durante el encuentro bilaterial se tratará sobre el proyecto de construcción en Loma Colmenar.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, llegará hoy a Ceuta para presidir la comisión bilateral en la que se encuentran el Gobierno local y miembros de la Administración Central así como el director general de arquitectura y también el del SEPES. Uno de los asuntos que se abordará en tan esperado encuentro es el proyecto de Loma Colmenar, con la necesidad de activar la construcción de viviendas en este punto, al margen de las que ya está edificando Emvicesa o las promovidas por el Estado, cuyas 170 iniciales fueron ya presentadas la semana pasada por el propio delegado del Gobierno, José Fernández Chacón.

La visita de Corredor a Ceuta se produce después que ayer lo hiciera en Melilla para presentar un plan de construcción de más de 600 viviendas de protección oficial.

Se espera que en la ciudad haga lo mismo, atendiendo las reclamaciones del Gobierno local para dar luz verde a la puesta en marcha de más viviendas en unos terrenos, los de Loma Colmenar, que pueden albergar más de mil.

En la comisión bilateral estará presente el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, como responsable de Emvicesa y presente, de hecho, en los encuentros que hasta la fecha ha mantenido con Corredor en la capital de España. Como parte de la agenda oficial facilitada ayer por la Delegación del Gobierno, se contempla la visita de Corredor a los terrenos de Loma Colmenar para conocer in situ los trabajos que se están desarrollando en una zona convertida en uno de los objetivos de desarrollo del Ejecutivo local.

En esta extensión se contempla no sólo la edificación de casas y del nuevo hospital, sino también la implantación de un parque industrial que albergaría pequeñas y medianas empresas además de infraestructuras educativas -con al menos dos guarderías- y deportivas -con una pista de atletismo ya contemplada-.

Fuente: Europa Sur.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de la Comisión Interministerial de Trabajo sobre el Suelo. Este organismo se dedicará a buscar suelo patrimonio del Estado que no esté destinado a servicios públicos para que pueda utilizarse en la construcción de viviendas protegidas, y recopilará la información sobre los terrenos que haya disponibles de los ministerios.

La comisión promoverá también la colaboración entre las distintas administraciones públicas -estatal, autonómicas y locales- para dinamizar este uso del suelo público y hará un seguimiento de los proyectos urbanísticos que surjan de esta iniciativa.

El organismo interministerial estará presidido por el titular de la Secretaría General de Política Económica y Economía Internacional. La vicepresidencia la ocupará el titular de la Secretaría General de Vivienda del Ministerio de Vivienda, y completarán la comisión vocales de los Ministerios de Defensa, Economía y Hacienda, Interior, Fomento, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Vivienda.

Acuerdo entre Vivienda y Defensa

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo entre Vivienda y Defensa por el que se enajenará el suelo de cuatro cuarteles que se dedicará a la construcción de 1.922 viviendas protegidas.

Según este acuerdo, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente de Vivienda, adquirirá a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED) terrenos que actualmente ocupan el Parque de Ingenieros de Villaverde (Madrid), el Parque de Artillería y el Parque Central de Ingenieros de Valencia y el Regimiento de Artillería de Sevilla.

Una vez comprados los terrenos, la SEPES los urbanizará para que, al menos, el 70% de los mismos puedan ser destinados a la construcción de vivienda protegida. En total, la SEPES va a adquirir a GIED más de 385.000 metros cuadrados de superficie edificable de modo que, tras adecuar su urbanización, puedan construirse 1.922 viviendas protegidas en los municipios de Madrid (1.016 viviendas), Valencia (457) y Sevilla (449).

La cuantía final fijada en el convenio por la enajenación de los terrenos asciende a 112.911.364,87 euros. Este acuerdo se inscribe dentro del Protocolo General de Colaboración entre ambos ministerios que fue presentado al Consejo de Ministros en febrero de 2008 y constituye un paso más en la estrategia del Gobierno de impulsar una política patrimonial “eficaz y responsable al servicio de los intereses generales”, señala la reseña del Consejo.

Oferta Pública de Compra de Suelo

Por otra parte, el Consejo de hoy ha estudiado un informe de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, sobre la Oferta Pública de Compra de Suelo que se publicó el pasado 28 de octubre en el Boletín Oficial del Estado.

La oferta, que tendrá una duración de cuatro años, cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros, a los que la SEPES sumará otros 130 millones en la urbanización. Se calcula que estos suelos permitirán la construcción de entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas, según recordó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Las parcelas ofrecidas deberán tener una superficie que permita la construcción de, al menos, 300 viviendas, con la excepción de Ceuta y Melilla, donde el mínimo será de 150 viviendas. La oferta se hace para los municipios de más de 20.000 habitantes, dando prioridad a las propuestas que consoliden zonas urbanas. Asimismo, sólo se acometerán operaciones económicamente viables y en las que la SEPES tenga la iniciativa urbanística.

Fuente: Expansión.

El ministerio beneficia a rentas más altas al flexibilizar provisionalmente los requisitos para acceder a la VPO.

La idea consiste en matar dos pájaros de un tiro: el Estado echa una mano a las inmobiliarias, que hoy pasan sus días más grises porque no logran cerrar ni una operación en el mercado. Y de paso el Gobierno central consigue solares donde levantar los pisos de protección oficial que se ha comprometido a hacer. Tres meses después de anunciarlo, la ministra Beatriz Corredor dio ayer más detalles sobre la oferta pública de compra de suelo: durará cuatro años y permitirá la construcción de entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas.

La oferta de compra cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros a los que SEPES, la sociedad pública gestora de suelo, sumará otros 130 millones para urbanización. Las parcelas que ofrezcan las inmobiliarias deberán tener una superficie que permita construir al menos 300 viviendas -excepto en el caso de Ceuta y Melilla, que llega con 150- y estar situadas en municipios de más de 20.000 habitantes. El ministerio acepta rascarse el bolsillo, pero sólo pagará el precio del suelo de vivienda protegida.

Las inmobiliarias que quieran deshacerse de solares pueden presentar sus solicitudes desde hoy hasta el 29 de diciembre. A partir de ese día, SEPES tendrá cuatro meses para estudiar las ofertas. Además de explicar la compra de suelo, Corredor también se reunió ayer con las comunidades autónomas y los agentes sociales para presentarles el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

El ministerio quiere evitar que a la ya catastrófica situación del sector inmobiliario se una un parón en la construcción cuando se ponga en marcha el nuevo plan cuatrienal. Por ello ha incluido una disposición que amplía los ingresos mínimos para acceder a una vivienda de precio concertado, las destinadas a rentas más altas dentro de la protección oficial.

Si hasta ahora no se podía ganar más de 45.427 euros al año para acceder a esta modalidad, la ministra anunció que el máximo se amplía hasta 48.922 euros (es decir, de 6,5 veces el IPREM a siete veces). Eso sí, esta flexibilización sólo es aplicable hasta el 31 de diciembre de 2009.

Además, el Gobierno da más alegrías a los promotores. Facilita a los que hoy por hoy no logran vender su stock que puedan reconvertir viviendas libres en protegidas. Los empresarios del ladrillo ya se beneficiaron de una modificación del plan anterior que les permitía reconvertir a protegidos los pisos que llevaran un año en el mercado sin venderse. Y ahora Corredor les da más facilidades para esta transformación.

Otra de las novedades del plan es que incluye financiación para los alojamientos temporales destinados a colectivos con necesidades específicas. En este saco se incluye a grupos tan dispares como estudiantes, científicos y mujeres maltratadas.

La ministra Corredor especificó que el mínimo de 30 metros cuadrados -que se establece de forma subsidiaria a las comunidades que no hayan fijado un límite- no afecta a los alojamientos para estos colectivos. “No son comparables a una vivienda, están destinadas a un periodo de tiempo determinado y disponen de áreas comunes”, explicó.

El plan que regirá la política de vivienda de los próximos cuatro años apuesta por primera vez por el alquiler con opción a compra. Corredor detalló ayer que el periodo de alquiler será de 10 años, y que el precio será el que afecte a los pisos concertados, los más caros entre los de protección oficial, si bien las comunidades autónomas tendrán la última palabra en la configuración final de esta figura.

Una vez presentado el borrador, comunidades y agentes sociales realizarán sus aportaciones con la vista puesta en el próximo 5 de noviembre, cuando el borrador será aprobado definitivamente en la conferencia sectorial que se celebrará en Barcelona.

Fuente: El País.

Las inmobiliarias valoran, de momento, con poco entusiasmo el anuncio por parte de la ministra Corredor de adquirir activos, debido a la falta de los criterios de selección de los terrenos. Además, piden que no se limite al producto de uso finalista.

Una actuación sin intervenir en el mercado. Así define la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el anuncio del pasado 23 de julio de adquirir suelo privado, con una inversión inicial de 300 millones de euros, destinado a la creación de vivienda protegida. La oferta será llevada a cabo a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y su duración está estimada para los próximos cuatro años.

Las compañías inmobiliarias afectadas han recibido la noticia con cautela, a la espera de que el Ejecutivo y las administraciones regionales y locales definan el acuerdo que les permita valorar en cada caso el interés para cada compañía. Dentro del sector, existen voces que tachan la medida de “pobre” y “electoralista”, un anuncio de cara a la galería que no supondrá ningún revulsivo en la profunda crisis que atraviesa el sector residencial español.

La cifra propuesta como inversión es una de las críticas que recoge la medida. “Una inversión en suelo de 300 millones de euros puede ser cubierta por una sola inmobiliaria, con lo que si esa dotación se reparte entre varios promotores, su incidencia será insignificante”, aseguran desde una inmobiliaria española. La nota dominante es el recelo, a la espera de los criterios concretos de adquisición de los terrenos. La respuesta de estas empresas ante la no-ayuda del Gobierno será la clave para medir el éxito o el fracaso de la iniciativa ministerial. “Acogernos o no variará en función de las condiciones en que se realice, el precio y la situación geográfica y urbanística del suelo cuya venta se proponga”, subraya Pilar Díaz, directora financiera de CMS inmobiliaria.

La medida proviene del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y de Economía, a la espera de consensuar la iniciativa con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con quienes la titular de Vivienda establecerá los criterios de selección de los terrenos en septiembre.

Dichas administraciones jugarán un papel protagonista en el diseño de las líneas finales de la iniciativa ministerial, de la que ya se conoce que se decantará por suelos “susceptibles de transformación inmediata” y aquéllos ubicados en zonas de gran demanda.

Los promotores creen que la decisión de adquirir terrenos en fase finalista no fomenta la venta. “El mayor problema con el que nos encontramos las promotoras para habilitar suelo es la tramitación del planeamiento, muy lento en todas las comunidades autónomas. Sería muy conveniente que el Sepes comprase suelo aún en fase de planeamiento, pues sería considerablemente más barato y aún se podría modificar parámetros urbanísticos para crear un mayor número de viviendas protegidas”, señala la directora financiera de CMS.

Confianza en el Ejecutivo
La ministra de Vivienda insistió en que la oferta no busca ayudar a las compañías inmobiliarias, aunque “eso no quiera decir que el Gobierno no tenga en cuenta los intereses de todos los sectores afectados o que no intente paliar las consecuencias que el mercado les está infringiendo”. A su vez, Corredor pidió a los empresarios inmobiliarios confianza en el Ejecutivo de Zapatero, como base para “superar la difícil coyuntura”, y definió a promotores y constructores como “el instrumento necesario para conseguir la reactivación y reconversión del sector”.

El precio es otra de las preocupaciones por parte de las compañías inmobiliarias. Saber bajo qué criterios se valorará el suelo resulta vital para conocer la idoneidad de su venta. En este sentido, el Ministerio ha asegurado que el valor vendrá “determinado por la oferta que realicen los vendedores del suelo en cada actuación, en relación con los módulos de vivienda protegida”.

La oferta ministerial
· Con un presupuesto inicial de 300 millones de euros de inversión, el Ministerio de Vivienda, a través de la Sepes, comprará suelo privado.
· La iniciativa pública arrancará en octubre y, hasta diciembre, se podrán presentar los terrenos puestos en venta.
· Una vez finalizado el plazo, comenzará el estudio de viabilidad económica de la operación.
· El Gobierno se reservará una opción de compra para los suelos susceptibles de adquisición, de seis meses de duración.

Fuente: Expansión.