Podrán acceder a un piso protegido quienes cobren 47.000 euros anuales, pero lo tendrán casi imposible los que ingresen 24.000. Las autonomías se enfrentan a Corredor por una norma que podría tener un fuerte impacto social.
Dedicar sólo el 33% de los ingresos al pago de la vivienda puede dejar de ser una utopía y convertirse en una lacerante realidad. El borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) para el periodo 2009-2012, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, estipula que “el esfuerzo económico medio de los demandantes de viviendas acogidas al PEV en cada municipio no debiera superar la tercera parte de sus ingresos”.
Es decir, que sólo podrían comprar o alquilar una VPO aquellas personas solventes que, en muchos casos, tienen acceso a una casa en el mercado libre. Se dejaría fuera a las rentas bajas y a la mayoría de los inmigrantes, que ingresan, de media, entre un 20% y un 30% menos que los nacionales.
Esto se ve muy fácilmente con ejemplos. Una VPO muy barata, de 112.500 euros, hipotecada al 80% (90.000 euros), acarrea el pago mensual de 573,51 euros, teniendo en cuenta un préstamo a 25 años con el euribor de septiembre (5,384%, menor a la media de octubre) más un diferencial bancario del 0,5%.
Así, el aspirante a habitar esta VPO tendría que cobrar 1.720,53 euros brutos mensuales. O 24.087,42 euros anuales, cobrando 14 pagas. Algo muy lejano al mileurismo.
Además, se amplía el salario máximo para adquirir una vivienda social a 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual con pagas extra, es decir, 47.037 euros. Las personas que cobren 3.350 euros brutos mensuales podrían comprar un inmueble concertado, pero los que ingresen 1.200 brutos lo tendrían casi imposible. Sólo podrían pagar una cuota de 400 euros, lo que equivale a una VPO de 78.464 euros.
Esto es, poco más de 13 millones de las antiguas pesetas, toda una ganga inencontrable en las grandes ciudades o sus áreas de influencia. Más aún tras la subida del precio básico de referencia del metro cuadrado de VPO (el llamado módulo), a finales de 2007.
Todo esto no ha sentado nada bien en muchas comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, según han relatado fuentes de la Conferencia Sectorial de Vivienda a este diario.
Así, la advertencia del Ministerio de Vivienda sobre el esfuerzo máximo va dirigida a las comunidades autónomas (CCAA), que serán las que “habrán de tenerla en cuenta”.
La ministra, Beatriz Corredor, ha chocado con algunas autonomías , porque en el anterior borrador se ponía como condición obligatoria para acceder a un piso protegido no dedicar más del 40% de los ingresos al pago de la cuota hipotecaria.
Esto “dejaba fuera a las rentas bajas”, señala Juan Van Halen, director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid. “Quieren fijar como sea un límite concreto de ingresos, pero muchas CCAA nos hemos opuesto porque eso es muy complicado”.
De ahí la eliminación de esta obligación en el apartado de “condiciones de los beneficiarios” del nuevo documento y su inclusión en otro apartado y de forma más sutil (el término “debiera” es ambiguo) pero más drástica (un máximo del 33% en lugar del 40%). “Se plantea una obligación, pero suavizada”, afirma Van Halen.
Los promotores, por su parte, podrían verse perjudicados. Según sus datos, sólo deberían construir viviendas concertadas “en las áreas periféricas de las ciudades”. Una VPO media se vende por “unos 180.000 euros” allí, especifica Guillermo Chicote, presidente de patronal APCE. “Y es donde se construye ahora”. Estos pisos acarrean 917,61 euros brutos de cuota, 2752,83 euros de salario mensual y 38.539,62 euros anuales. Sólo podía tratarse de un piso concertado, porque para acceder a una VPO en régimen general el máximo de ingresos permitidos es 4,5 veces el IPREM: 32.564 euros.
¿Cuál puede ser el motivo de esta posible medida?
Los expertos han mostrado en los últimos días su sorpresa por el interés del Ministerio de Vivienda en fijar un porcentaje mínimo de los ingresos que deben destinar los adjudicatarios de viviendas protegidas al pago de la cuota mensual.
En el primero de los borradores del Plan Estatal de Vivienda (PEV) con los que trabajan el Ministerio y las comunidades se especificaba que “no podrá dedicarse a la adquisición de vivienda más del 40% de los ingresos”. En el segundo se estipula un tercio de las ganancias (33%). Juan Van Halen, director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, hace hincapié en las posibles intenciones de la ministra Beatriz Corredor: “Subyace que el Ministerio quiere incluir en el PEV una frase del tipo ‘no se puede hacer un esfuerzo superior a…’, pero no se hace de forma tan categórica, sino que se deja ver que es una medida que se está sopesando”, aseguró a EXPANSIÓN.
Lucio Rivas, director del bufete Urbe Asesores y técnico urbanista, señala más posibles causas: “No es por la dificultad de acceso al crédito hipotecario, algo complicado en la actualidad, sino por un argumento más interesado y menos altruista. En definitiva, se hace para garantizar que los adquirentes puedan acreditar que disponen de fondos para pagar a la administración las viviendas de promoción pública que ésta les vaya adjudicando”. Así, se evitarían “impagos por personas cuyos ingresos presumiblemente vayan a ser muy justos, según criterio de la administración”, apostilla Rivas.
Fuente: Expansión.
