Periódico del Sur Inmobiliario

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró hoy que el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 da “preferencia” a la protección de las familias numerosas con las “cifras más altas” de ayudas estatales, y negó que la supresión de la posibilidad de enajenar las viviendas o la restricción en tamaño de las mismas a 90 metros cuadrados, desde los 120 anteriores, supongan una “excepción”.

Horas antes de que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y la banca se vuelvan a ver las caras, el presidente de la patronal de los promotores (APCE), José Manuel Galindo, recordó al Gobierno que, en tanto que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, negar el crédito a demandantes de hipotecas que cumplen con los requisitos objetivos de solvencia ‘es algo que va en contra de la Constitución’.

Así, aunque reconoció que toda entidad debe tener en cuenta ciertos niveles de riesgo, aseguró que la financiación de estas personas ‘es un objetivo que podría llamarse constitucional’ y, en este sentido, instó al Gobierno a establecer los ‘mecanismos’ necesarios para que las entidades financieras ‘tengan el compromiso y hasta la obligación de conceder esos créditos’.

Según lo promotores, todas aquellas personas que puedan demostrar que tienen un empleo y, al mismo tiempo, vayan a dedicar un esfuerzo para comprar una vivienda en torno a un tercio de su renta (como establece el nuevo Plan de Vivienda) deberían contar con esta financiación, algo que, aseguran, no se está cumpliendo.

De hecho, en el caso del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, que contempla una serie de ayudas a las familias que quieran adquirir viviendas, en propiedad o alquiler, el Ministerio de Vivienda está tratando de firmar convenios de colaboración con las entidades financieras.

Por el momento, el Ministerio de Vivienda asegura que ya ha alcanzado un preacuerdo con las entidades financieras sobre las condiciones básicas de los créditos para acceso de una vivienda bajo el ‘paraguas’ del Plan de Vivienda. Sin embargo, aunque se prevé que este acuerdo quedará suscrito en febrero, aún no se ha firmado ningún ‘papel’.

En conclusión, Galindo indicó que el jefe del Ejecutivo debería ir más allá de ‘un puñetazo sobre la mesa’ en la reunión con la banca, y tendría que conseguir el ‘compromiso’ de que concederán créditos cuando el demandante reúna las condiciones necesarias. ‘Debería ser un compromiso político’, añadió.

De hecho, señaló que ‘el Gobierno, antes de haber tomado las medidas de apoyo a la banca, tenía que haber comprometido más a las entidades financieras y haber comprobado que estas inyecciones de liquidez hubieran llegado a la economía’, ya que ‘las entidades pueden tener tendencia a quedarse los recursos para hacer frente a imprevistos que pueda haber’.

Asimismo, el presidente de los promotores animó al Gobierno a que ‘firme un papel dentro del marco del Plan de Vivienda en donde se digan unas condiciones objetivas de concesión y que luego se haga un comisión de seguimientos para ver si se están cumpliendo’.

Por otro lado, Galindo advirtió de que si los compradores no obtienen financiación, se seguirán frenando las ventas, lo que acabará provocando ‘dificultades temporales de liquidez’ para las empresas, si no la quiebra.

Por ello, instó a las entidades financieras a que, al margen de que asuman o no riesgos con particulares, trabajen mano a mano con el sector inmobiliario en un ‘marco de financiación adecuado’ a la peculiar maduración de los activos inmobiliarios, que pueden no revertir liquidez hasta su venta cuatro años después de su iniciación, ‘para hacer posible la pervivencia de las empresas hasta superar la crisis’.

Así, se trataría de encontrar ‘fórmulas’, partiendo de la base de que las empresas pueden ser viables a medio y largo plazo independientemente de que ahora tengan problemas de liquidez, de manera que se financie todo el tiempo de maduración de los productos y que cuando se vuelva a generar caja se amortigüen las deudas adquiridas.

‘Pido corresponsabilidad a las entidades hacia las inmobiliarias, que antes financiaban con alegría y con los mismos productos, desde la perspectiva de su viabilidad’, concluyó.

Fuente: UrbaNoticias.

Los visados para la reforma o restauración de viviendas alcanzaron las 24.147 unidades en los diez primeros meses del año, lo que supone un descenso del 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según datos del Ministerio de Fomento recogidos por Servimedia, sólo en octubre se visaron para rehabilitar un total de 2.802 pisos, la segunda cifra mensual más alta en lo que va de año, y que es un 4,2% superior a la registrada en el mismo mes de 2007.

Por su parte, entre enero y octubre se visaron para ampliar 5.207 viviendas, lo que supone un descenso del 22,8% sobre los mismos meses de 2007.

El impulso de la rehabilitación de viviendas es una de las líneas estratégicas del Gobierno para hacer frente al ajuste del sector inmobiliario, tanto que el nuevo Plan Estatal que ha preparado el ministerio que dirige Beatriz Corredor se llamará de Vivienda y Rehabilitación.

En concreto, Vivienda tiene la intención de acometer la redacción de un marco regulador básico para la rehabilitación y renovación de pisos y cascos urbanos.

En esta regulación tendrán cabida desde las grandes políticas hasta la regulación de sus aspectos más sociales.

Además, se recogerán desde las ayudas del sector público y privado para la renovación del parque inmobiliario hasta las destinadas a la protección de los arrendatarios de inmuebles ante operaciones de acoso inmobiliario.

Por otra parte, el Gobierno destinará 800 millones de euros a un “Plan Renove” para la rehabilitación energética de 500.000 viviendas y edificios a lo largo de la legislatura.

Según los planes del Ministerio, las primeras intervenciones, que tienen como fin la renovación sostenible y de eficiencia energética del parque de viviendas más antiguo del país, podrían realizarse a finales de este mismo año.

Fuente: El Economista.

300 alcaldes abordaron en Vitoria el papel de los municipios.

El PSOE quiere convertir las políticas de suelo y vivienda en “un instrumento de desarrollo económico y de cohesión social”. Al término de un encuentro sobre Municipios y vivienda, en el que cerca de 300 alcaldes y concejales socialistas debatieron durante el fin de semana sobre el papel de los ayuntamientos en el Plan de Vivienda 2009-2012, los socialistas aprobaron un documento que recoge la apuesta por lograr un modelo de urbanismo “sostenible, transparente y participativo”.

La denominada Declaración de Vitoria recoge el compromiso con el impulso de las políticas de vivienda, que “se enmarca en los objetivos de la política económica” y trata de “contribuir a fortalecer las políticas sociales con el fin de asegurar a todos los ciudadanos el acceso a una vivienda digna a precios asequibles”.

Los socialistas se comprometen a promover la construcción de vivienda protegida “suficiente y estable”, potenciar un parque público de vivienda protegida de calidad en alquiler o con opción a compra, desarrollar medidas que favorezcan la eficiencia energética, e incrementar las ayudas públicas a los demandantes de vivienda en alquiler y en propiedad.

El texto incluye también la decisión de impulsar medias dirigidas a adjudicatarios de viviendas protegidas en situación de desempleo, como los aplazamientos de pagos para preservar sus derechos.

La clausura del encuentro de Vitoria corrió a cargo de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que en su intervención subrayó la importancia del Plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, coyos principales objetivos son impulsar la construcción de vivienda protegida, fomentar el alquiler y la rehabilitación de cascos históricos y zonas degradadas, así como erradicar el chabolismo y la infravivienda.

Fuente: El País.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció ayer que su departamento ha impulsado la rehabilitación de 270.000 viviendas desde su creación en 2004, a las que se suman otras 80.000 actualmente en obra ‘con fondos del Gobierno’, en lo que considera un ‘oportuno’ impulso al empleo que contribuirá a paliar las ‘dificultades’ del sector de la construcción.

Corredor facilitó estos datos durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Carmen Marón, quien mostró la “satisfacción del municipalismo” por el plan de 11.000 millones, de los que 8.000 irán destinados a los ayuntamientos.

La ministra señaló que este fondo tendrá una incidencia muy importante en las políticas de rehabilitación de entornos urbanos y eficiencia energética, y a ellos se añaden los 110 millones que recibirá su departamento del fondo de dinamización y apoyo a las empresas de 3.000 millones.

‘El Gobierno está decidido a impulsar la rehabilitación’, recalcó Corredor, quien recordó que también hay otras partidas destinadas a la rehabilitación de viviendas dependientes de los Ministerios de Interior y Defensa.

Recordó que es ‘inminente’ la aprobación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, al que se sumará el Plan Renove para Rehabilitación Energética de viviendas, que cuenta con ‘importantes ayudas y subvenciones’.

Fuente: UrbaNoticias.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró ayer que el Gobierno aprobará el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 ‘antes de Navidad’, si bien reconoció que aún ’se están manteniendo reuniones (con bancos y cajas) para su financiación’.

Tras inaugurar la jornada ‘Ecociudades. Una alternativa de futuro’, organizada por la entidad pública de suelo SEPES, la titular de Vivienda subrayó que ‘el Plan está siguiendo los planes preceptivos’, de modo que el Gobierno prevé aprobarlo ‘en las próximas semanas’, dependiendo del programa del Consejo de Ministros, pero ‘desde luego antes de Navidad’.

Explicó que ‘el trámite de alegaciones al Real Decreto acabó el día 17 de noviembre’, y que ‘ahora se están incorporando al texto definitivo’, para añadir a continuación que ’simultáneamente se están manteniendo reuniones para la financiación’.

El Ministerio de Vivienda no ha ocultado que las negociaciones para firmar los convenios de colaboración con las entidades financieras se han encontrado con ciertas dificultades en el actual contexto de falta de liquidez y sequía crediticia.

Por ello, la ministra de Vivienda ha llegado a pedir a las entidades financieras que ‘estén a la altura’ y que, una vez se han beneficiado de las medidas financieras adoptadas por el Gobierno, colaboren facilitando la financiación a compradores y promotores en el marco del Plan.

En cuanto a la oferta pública de compra de suelo a través de SEPES, Corredor rehusó realizar balance alguno de las ofertas recibidas a la espera de que se cierre el plazo de presentación el próximo 29 de diciembre. Con todo, indicó que ‘naturalmente’ está teniendo una buena acogida, como ‘era de esperar’, por lo que ‘está respondiendo a la expectativa’.

De acuerdo con las previsiones de participación, el Gobierno ha destinado a esta oferta 300 millones de euros para la compra de suelo y otros 130 millones de euros para su urbanización, con la idea de generar proyectos para construir entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas.

‘En las comisiones bilaterales con las comunidades autónomas estamos firmando convenios a través de SEPES para cuando acabe el plazo de presentación, empezar a trabajar conjuntamente con cada una de ellas’, concluyó Corredor.

Fuente: UrbaNoticias.

Quiere fomentar la transformación de inmuebles libres en construcción o terminados en casas protegidas.

El Gobierno va a ser “exigente” con la banca para que conceda créditos a las familias que adquieran viviendas amparadas por el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, aseguró hoy la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.

Durante su intervención ante la Comisión de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Corredor explicó que, aunque la banca “tiene que mirar por sus intereses de riesgo”, hay que conseguir que tanto compradores y promotores cumplan una serie de requisitos reciban su respectiva financiación.

La ministra aseguró que negocia con las entidades financieras los convenios para la financiación del nuevo PEVR, cuyo objetivo es que, en el marco de las iniciativas del Plan, la banca no deniegue la hipoteca a ningún ciudadanos que cumpla unos requisitos razonables.

Por ello, en el nuevo Plan recomendamos a la comunidades autónomas que controlen que las familias no tengan que hacer un esfuerzo “desmesurado” para pagar sus viviendas, destinando a ello más de un tercio de sus rentas.

“El Gobierno ya ha facilitado liquidez a las entidades y ahora tienen que hacer su trabajo, que es dar crédito”, dijo Corredor y consideró que están obligadas a “estar a la altura de las circunstancias y a asumir su responsabilidad”.

En este sentido, la ministra confía en que “la banca comercial española no prescinda del sector inmobiliario en su actividad de negocio”, ya que “hay que seguir incidiendo en la construcción residencial”, de gran importancia en el crecimiento económico.

Durante su comparecencia, Corredor también se refirió a los promotores inmobiliarios, a los que exigió un “esfuerzo en cuanto a la bajada de precios”, algo que “están haciendo en gran medida”.

De vivienda libre a protegida

Dentro de las disposiciones transitorias del nuevo Plan, que servirán para evitar el vacío legal entre ambos planes, hay medidas dirigidas a la transformación de inmuebles libres en construcción o terminados en casas protegidas, iniciativa que permite a los promotores sacar al mercado su stock de vivienda.

No obstante, matizó, la razón de impulsar la compra del stock no es “ayudar a los promotores, sino facilitar acceso a la vivienda a familias” que no han podido beneficiarse de las viviendas de protección oficial (vpo) y tampoco podían afrontar el pago de un inmueble libre.

Por ello, aunque Corredor apuntó que “no vamos a olvidarles”, reiteró que el objetivo del Gobierno es “que puedan acceder a una vivienda aquellas familias que estaban fuera del mercado”.

“No queremos acabar con el sector de la construcción, que ha contribuido tanto a la actividad como al empleo”, aseguró la ministra, que reconoció que esta actividad estaba “sobredimensionada” pero que ahora “debe seguir tirando de la economía” porque “existe una demanda a medio plazo de 400.000 viviendas”.

Aseguró que en el Gobierno, que pretende dar respuesta a parte de esta demanda con las vpo, “queremos evitar que se produzca un déficit en el stock de viviendas cuando se reabsorba el actual”.

Fuente: Finanzas.

La Comunidad planta a la ministra y al resto de regiones.

La Comunidad de Madrid dejó ayer vacía su silla en la conferencia sectorial en la que se expuso el último borrador del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, celebrada en Barcelona. Y eso que el director regional de Vivienda, Juan Van Halen, se había trasladado anteayer a la capital catalana para inaugurar el expositor regional del salón Barcelona Meeting Point, lo que todavía indignó más a los responsables del Ministerio de Vivienda, empezando por su titular, Beatriz Corredor.

La ministra se mostró sorprendida tras la conferencia porque “una comunidad como Madrid decidiera que la reunión no era lo bastante importante”. A ella acudieron los consejeros de todas las comunidades salvo de Madrid, Murcia y el País Vasco. Sin embargo, las dos últimas enviaron al director general del ramo y disculparon su ausencia por problemas de agenda. Un portavoz de la Comunidad afirmó que la consejera, Ana Isabel Mariño, no acudió a la reunión porque consideró que estaba “vacía de contenido” y que no recogía sus propuestas.

La Comunidad se opone sobre todo a dos puntos del plan. Desde un principio rechazó que en un año se deba crear un registro único de solicitantes para vivienda protegida porque opina que sólo crea burocracia. El Ejecutivo central pretende eliminar con estas listas cualquier tipo de fraude en la adjudicación de pisos sociales.

La consejería también se niega a que las viviendas protegidas estén calificadas como tales durante un periodo mínimo de 30 años. Es decir, que en estos años no se puedan vender en el mercado libre. Corredor justificó la medida en que un piso público debe estar siempre “a disposición” de generaciones futuras o de gente que lo necesita si su propietario mejora de condiciones y decide vendérselo. Varias comunidades ya han legislado al respecto. Las viviendas que promueve Cataluña, por ejemplo, no pueden venderse al mercado libre durante 90 años.

Corredor recordó que la mayor parte del presupuesto de Vivienda y de las inversiones del plan van destinadas a la Comunidad de Madrid, y sostuvo que el 75% de las viviendas de protección que se inician en la región tienen financiación del Gobierno central. “Ha habido un alto nivel de consenso. Lo han aprobado consejeros de hasta cuatro colores políticos y todos los que están aquí dicen sentirse reflejados en el plan”, aseguró la ministra.

Fuente: El País.