Las viviendas deberán tener más de 30 metros para recibir dinero del Gobierno.
La ministra Beatriz Corredor se reunirá hoy con comunidades autónomas y agentes sociales para presentar el documento que marcará la política de vivienda de los próximos cuatro años. Entre otras novedades, el plan que supone la puesta de largo política de Corredor amplía el número de personas que se pueden beneficiar de la ayuda directa para la compra de vivienda, impide que el dinero del Estado vaya a parar a pisos con menos de 30 metros y apuesta por el alquiler con opción a compra, una modalidad proscrita por el Gobierno en la anterior legislatura.
El borrador del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 flexibiliza los requisitos para acceder a la ayuda directa a la entrada (AEDE), destinada a las familias con rentas más bajas. Pero si hasta ahora sólo podían recibir los 4.000 euros que da el Estado los que ganen menos de 3,5 veces el IPREM al año, ahora se abrirá un poco el abanico, hasta 4,5.
Esta ensalada de cifras significa que los que ganan menos de 27.913 euros al año podrán embolsarse este dinero, mientras que hasta ahora sólo lo recibían las familias con ingresos inferiores a 21.710. La ayuda estatal de 4.000 euros puede llegar hasta un máximo de 11.200 en función de la renta y del número de hijos que tengan los beneficiarios. El Gobierno se mete además en materias en las que hasta ahora no había entrado. Por ejemplo, entra en el polémico tema de los minipisos para decir que las comunidades podrán hacer lo que quieran… pero no con su dinero. Porque con el nuevo plan las viviendas que se beneficien de las arcas estatales deberán tener un mínimo de 30 metros cuadrados si viven una o dos personas. Y contar con 15 metros más por cada uno que entre a vivir en el piso. Las comunidades son ahora libres para imponer un número mínimo de metros. O, si lo desean, no establecer ningún requisito.
La apuesta por el alquiler con opción a compra supone un cambio frente a lo que el Gobierno había defendido en la anterior legislatura. El PSOE ya anticipó este viraje en el programa con el que se presentó en marzo a las elecciones generales, que incluía esta modalidad, que la Comunidad de Madrid ya había puesto en marcha en 2005.
Otro de los cambios más destacados es la creación de un registro regional donde se inscriban los demandantes de vivienda protegida. Este listado, con el que el ministerio pretende combatir el fraude en las ayudas, ya existe en algunas autonomías, como Murcia, Galicia, Aragón y las dos Castillas, pero despierta ampollas en otras que no lo tienen, como Madrid. Esta iniciativa persigue, según el borrador, garantizar “la adjudicación de las viviendas protegidas según los principios de igualdad, concurrencia y publicidad, bajo control de la Administración pública”.
El registro en el que se inscribirán todos los que quieran solicitar ayudas a la vivienda supone una novedad sólo a medias, porque el anterior plan ya lo mencionaba. Pero nunca se puso en marcha en toda España, a pesar de los compromisos del anterior Gobierno. La diferencia ahora es que el ministerio se impone un plazo a sí mismo: en un año tendrá que estar en funcionamiento en todas las autonomías.
Desde Madrid se ve esta iniciativa como algo innecesario y que sólo va a contribuir a aumentar el papeleo. Y agentes del colectivo de las cooperativas de vivienda también critican la creación de listados interminables, que sólo generarán frustración por no poder dar respuesta a todos los demandantes.
El ministerio quiere evitar encontrarse con familias que no pueden pagar su casa, por lo que el borrador da una señal de aviso a las autonomías. “Las comunidades habrán de tener en cuenta que el esfuerzo económico medio de los demandantes de viviendas acogidas al Plan Estatal en cada municipio no debiera superar la tercera parte de los ingresos”. Fuentes del ministerio señalan que se trata de una mera recomendación a las comunidades, no de una imposición.
Los compradores de pisos grandes también podrán recibir ayudas a partir de 2009. Porque si el anterior plan excluía las casas de más de 90 metros cuadrados, el nuevo acepta financiarlas, pero sólo en la parte proporcional de esos 90 metros. El resto correrá a cargo del beneficiario.
Fuente: El País.
