• El presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, calificó de “obviedad” las palabras del presidente del Santander, Emilio Botín, de que los bancos no pueden conceder crédito de manera irresponsable. Navarro también pidió descuentos en los pisos porque nadie está comprando pisos ahora porque “todo el mundo” piensa que el precio de la vivienda va a bajar más.

    “Lo que ha dicho Botín es una obviedad. Los créditos no pueden darse irresponsablemente y eso lo firma todo el mundo”, subrayó Gómez-Navarro que, en todo caso, recordó que en la última época “los bancos han dado mucho crédito irresponsablemente”.

    Gómez-Navarro, en declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press, señaló que, pese a las medidas de apoyo al sector financiero por parte del Gobierno, los bancos no han abierto todavía el crédito al 100%, “porque están asustados del pasado”. “La banca española viene de una época donde ha dado créditos a mansalva, sin medir realmente la garantía”.

    El presidente de las Cámaras afirmó que no se trata de “confrontarse ni pelearse con la banca”, sino de buscar soluciones junto al sector financiero a los problemas de financiación. En este sentido, advirtió de que si no se ayuda a las empresas, “la crisis se acelerará y se llegará al desastre”.

    “La falta de financiación produce un círculo vicioso, en el cual nadie paga a nadie y todo se destruye. Por tanto, hay que que reenfocar al problema e ir a un círculo virtual, donde alguien empiece a pagar y se regenere la economía”, subrayó.

    Gómez-Navarro manifestó que, ante la desaparición de las entidades financieras públicas y la ausencia de una red del Instituto de Crédito Oficial (ICO), “no hay más alternativa” que la banca para canalizar la financiación.

    El presidente de las Cámaras emplazó a los bancos y cajas a evaluar mejor el riesgo y al Gobierno a asumir una parte del mismo para que las entidades financieras ‘abran el grifo’ del crédito. “Como están asustados, el Gobierno va a tener que asumir una parte de los riesgos. Ya hay alguna línea en la que el ICO comparte el riesgo con la banca y probablemente haya que caminar un poco más en profundidad por este camino”, opinó.

    Gómez-Navarro recordó que las entidades españolas deben al exterior unos 800.000 millones de euros y que, al mismo tiempo, el sector inmobiliario tiene una deuda con los bancos cercana a los 350.000 millones de euros. “Y no saben cuándo van a tener ese dinero. Hay que buscar soluciones válidas para todos: para la banca y las empresas”, dijo.

    “Descuentos significativos” para la vivienda

    Precisamente, en relación con el sector inmobiliario, Gómez-Navarro opinó que nadie está comprando pisos ahora porque “todo el mundo” piensa que el precio de la vivienda va a bajar más.

    En ese sentido, señaló que lo que debería hacer el Ministerio de la Vivienda es llegar a un acuerdo con promotores y bancos dispuestos a financiar hipotecas para lanzar con un “descuento significativo” en los precios históricos de unos cuantos miles de pisos.

    A partir de la venta de los mismos, “se establecería un suelo de referencia” para potenciales compradores, con lo que el mercado “podría abrirse”. “Mientras no se hagan medidas de este estilo, nadie comprará pisos”, avisó.

    Fuente: Periodista Digital.

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  • Categorías: Actualidad, Crisis inmobiliaria Publicado el 03.02.2009 Sin comentarios

    La ministra de Vivienda apuesta por la rehabilitación y la innovación ante la crisis que atraviesa la construcción.

    Si es verdad que toda crisis encierra una oportunidad, para la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el parón de la construcción es una ocasión de oro para modernizar el sector, apostando por la innovación y la tecnología en los procesos constructivos. Y es también la oportunidad para cambiar el patrón de crecimiento económico que ha marcado la evolución de España en el último decenio, en el que la construcción se había convertido en el principal motor de la actividad del país. Corredor lanzó estas reflexiones durante su intervención en Tribuna Barcelona, el foro de opinión de EL PERIÓDICO.

    “Hay que conseguir que la construcción deje de ser sinónimo de ladrillo y cemento” y se convierta en un nuevo modelo más sostenible, de crecimiento basado en la rehabilitación y la recuperación del parque existente de vivienda y los núcleos urbanos, en lugar del crecimiento “extensivo” de los últimos años, dijo. Para la ministra, ahora es el momento de acabar con los desequilibrios que han marcado esta actividad y que resumió en la creciente distancia entre la oferta y la demanda; los precios y la capacidad de pago de los ciudadanos; el escaso porcentaje de viviendas de protección oficial (VPO) sobre el total y el poco peso de la oferta de alquiler.

    Para reconducir esta situación y a la vez dar salidas a la crisis del sector, Corredor explicó que el Gobierno ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR). “Es el más ambicioso puesto en marcha hasta hora, prevé casi un millón de actuaciones y está dotado con 10.000 millones de euros”.

    Entre el plan y créditos del ICO se dedicarán 4.000 millones de euros a obras de rehabilitación, una de las apuestas más decididas del Ejecutivo para revitalizar el sector y recuperar parte del empleo que se ha perdido en la construcción residencial. La ministra cifró en unos 75.000 empleos anuales en los próximos cuatro años el efecto de las ayudas a la rehabilitación aislada de viviendas, que permitirán alcanzar las 470.000 actuaciones mientras dure el plan.

    Corredor anunció que en breve se aprobará otra línea de 110 millones de euros dedicada específicamente a la renovación de núcleos urbanos.

    CALIFICACIÓN DE VPO

    Para lograr un mayor equilibrio entre la producción y la demanda y que sirva para reducir el estoc de viviendas nuevas sin vender (que cifró en 650.000, citando a la patronal inmobiliaria), la ministra propuso a los promotores que, “en los casos en los que sea posible”, conviertan sus pisos libres sin vender en VPO, lo que les permitiría reducir su cartera de ventas y ampliaría el parque de pisos sociales.
    La ministra destacó que el Gobierno ha puesto en marcha también dos mecanismos para incrementar la seguridad y la igualdad en los sistemas de adjudicación de las viviendas protegidas, con la creación de los registros públicos de demandantes y la ampliación hasta un mínimo de 30 años del plazo en el que una vivienda protegida construida sobre un suelo público no podrá perder esa categoría y, por lo tanto, no podrá venderse a precios de mercado sino a los señalados por ley.

    Otra de las oportunidades que ha aparecido con la crisis es el abanico de posibilidades de los ciudadanos al intentar acceder a una vivienda. “Ahora hay más oferta de pisos, a precios más moderados y con tipos de interés aceptables, lo que permite que el cliente se pueda tomar con más tranquilidad y seguridad una de las decisiones económicas más importantes de su vida”, resaltó.

    La ministra también destacó que el Gobierno quiere ampliar la VPO en alquiler, cuyo parque es de solo 140.000 unidades, a las que el PEVR pretende sumar 100.000 de nueva construcción y otras 70.000 procedentes de rehabilitaciones.

    Fuente: El Periódico de Catalunya.

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  • Categorías: Economía Publicado el 15.01.2009 Sin comentarios

    Facua-Consumidores en Acción criticó que la mayoría de los parados no puede acogerse todavía a la moratoria en el pago del 50 por ciento de la hipotecas anunciada por el Gobierno, aunque aconsejó a aquellos que la soliciten tener ‘especial cuidado’ porque a la larga la cuota hipotecaria se ‘multiplicará por más del doble’.

    El portavoz de Facua en Andalucía, Rubén Sánchez, explicó que ‘a día de hoy, muy pocas’ entidades financieras se han adherido a la medida propuesta por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado año, por lo que instó al Gobierno a ‘cumplir los compromisos’.

    Manifestó que no se puede aceptar que el Gobierno anuncie una medida ‘para todos los parados en determinadas situaciones’ y que ahora las entidades bancarias ‘no admitan la solicitud de esa moratoria de hasta dos años y en hasta el 50 por ciento’ de las hipotecas.
    ‘La inmensa mayoría de las entidades financieras a día de hoy no han suscrito los acuerdos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y si un usuario va a solicitar ese aplazamiento en el pago de su hipoteca le van a decir que no’, afirmó Sánchez.

    Aseguró que la asociación no puede confirmar cuándo las entidades firmarán ese acuerdo y ni siquiera si lo van a firmar, porque ‘no es una medida de obligado cumplimiento’. No obstante, Sánchez apuntó que debería serlo ‘teniendo en cuenta las grandes ayudas que el Gobierno ha dado a la banca a cambio de bien poco’.

    Igualmente, hizo hincapié en el ‘especial cuidado’ que hay que tener a la hora de solicitar esta ayuda del Gobierno por las ‘carencias’ que tiene y porque puede ser ‘mal interpretada’ por el parado y éste se puede meter ‘en la boca del lobo’.

    ‘Una hipoteca de mil euros se puede convertir en una de 500 euros durante dos años, pero si todo el dinero que dejamos de pagar se destina al consumo o el despilfarro en lugar de al ahorro, el impacto en la economía doméstica de 2011 va a ser enorme, porque la cuota hipotecaria se va a multiplicar por más del 2,5, con unos intereses altísimos’, concluyó.

    Fuente: UrbaNoticias.

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  • Categorías: Compra de viviendas, Economía Publicado el 14.01.2009 Sin comentarios

    Entidades como Caja Madrid, La Caixa o Santander todavía no se han adherido al convenio con el ICO.

    La organización Facua ha señalado que la mayoría de los parados todavía no puede acogerse a la medida que establece una moratoria en el pago del 50% de las hipotecas. Según la asociación, solo 17 entidades de crédito han suscrito el convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para aplicar la moratoria, que entró en vigor el pasado 1 de enero y fue anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en noviembre pasado.

    La asociación de consumidores recuerda que los beneficiarios de la medida son trabajadores por cuenta ajena que se encuentran en situación legal de desempleo al menos durante los tres meses inmediatamente anteriores a la solicitud y tengan derecho a prestaciones por desempleo, contributivas o no contributivas.

    También pueden acceder trabajadores por cuenta propia que se hayan visto obligados a cesar en su actividad económica y se han mantenido en esa situación durante al menos 3 meses y los que acrediten ingresos inferiores a tres veces el importe del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples durante tres mensualidades. Asimismo pueden acogerse a la iniciativa los pensionistas de viudedad por fallecimiento ocurrido una vez concertado el préstamo hipotecario.

    Los beneficiarios podrán aplazar el pago de hasta el 50% del importe de sus cuotas hipotecarias, con un máximo de 500 euros mensuales entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010. Para acogerse a la moratoria, la hipoteca sobre vivienda habitual debe haber sido suscrita antes del 1 de septiembre de 2008 por un valor inferior a 170.000 euros.

    El listado de entidades de crédito adheridas a la Línea ICO-Moratoria-Hipotecaria se reduce, con fecha 12 de enero, a 17: BBVA, Caja de Ahorros de La Rioja, Caixa Manlleu, Banca March, Banco Cooperativo Español, Caja Rural del Sur, Caja Rural de Ciudad Real, Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos, Caja Rural de Aragón, Cajasiete, Caja Rural de Teruel, Banca Pueyo, SA Nostra, Caja de Ahorros y MP de las Baleares, Cajamar, Banco de Valencia, Caja General de Ahorros de Canarias e Ipar Kutxa Rural. A esta lista se sumará próximamente el Banco Santander, según ha podido saber suvivienda.es.

    Fuente: Finanzas.


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  • Categorías: Actualidad, Economía Publicado el 03.10.2008 Sin comentarios

    El crédito se paraliza. La banca endurece las concesión de préstamos ante la mora y por faltade fondos, mientras el ciudadano se espera a la caída de la vivienda.

    Tenemos que estudiar mucho qué y cómo dar, porque no hay dinero”. Es el lamento del operario de un banco mediano ante la imposibilidad de dar préstamos a los clientes con la facilidad de hace un año, en un momento en que la entidad financiera se las ve y se las desea para captar fondos.

    El conjunto de bancos, cajas y demás entidades de crédito extendieron tan sólo 4.495 millones de euros en hipotecas el pasado mes de agosto a las familias, el menor importe otorgado en un solo mes desde hace casi cinco años y hasta un 46,98% inferior a agosto del pasado año. No es la única línea de financiación que se resiente: también cae un 35,11% el crédito al consumo para familias y, de forma paradójica, sube el 11% en empresas, según las estadísticas del Banco de España.

    La reactivación de la financiación a compañías se produce únicamente en el mes estanco de agosto, tras un largo periodo de recorte sucesivo, pero no debe extraerse la conclusión de una vuelta a la normalidad. En el sector admiten que la línea ICO está ayudando a la financiación a pymes y que dinamiza cierta predisposición a refinanciar determinados créditos que, en caso contrario, dispararían la morosidad si tienen que contabilizarlos de golpe como de dudoso cobro.

    Ni dinero ni demanda

    ¿Qué es lo que está ocurriendo? La banca no tiene el dinero de antes de estallar la crisis, porque simplemente se han secado las fuentes de financiación: la emisión de titulizaciones y deuda ha caído a mínimos por lo difícil y caro de colocar el papel (se pagan primas de 80 a 120 puntos, frente a los 20-30 anteriores a la crisis). Por agresivas que sean en campañas de captación de depósitos, ofreciendo en algunos casos rentabilidades del 6% a un año, al ciudadano le cuesta mucho más ahorrar.

    Y, a falta de dinero fresco, la batalla está en robar dinero a otras entidades más que en generarlo. Por último, el mercado interbancario está casi roto: las entidades prefieren prestarle fondos al Banco Central Europeo (BCE) antes que a un competidor, aunque sea a un precio inferior, por miedo a que el rival no lo devuelva.

    Pero es que, además, la demanda ha caído en picado ante la expectativa de encontrar vivienda a precios más atractivos si se demora la compra, una sensación que ya comenzó a apreciarse en el negocio hipotecario a finales de 2006 y que recientemente ha prendido también en el crédito al consumo, a la sazón el de mayor sensibilidad ante una parada de la actividad económica. La subida del euríbor (muy superior al cuartillo de punto que se ha encarecido el precio del dinero en Europa desde que estalló la crisis) desalienta al ahorrador español a comprar ahora a crédito.

    Y es que la factura hipotecaria pesa más: el tipo medio ha subido desde el 4,9% al 5,57% entre los meses de agosto de 2007 y 2008. En créditos al consumo, el salto es del 6,35 al 6,99% en igual plazo.

    Fuente: La Gaceta de los negocios.

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  • Categorías: Crisis inmobiliaria, Economía Publicado el 15.07.2008 Sin comentarios

    El consejo de administración de la inmobiliaria acuerda por unanimidad presentar concurso voluntario de acreedores ante la falta de tesorería y atribuye su situación a “la clara recesión que atraviesa la economía española y el mercado inmobiliario”.

    El consejo  de administración de la inmobiliaria Martinsa Fadesa decidió anoche presentar la solicitud del concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) ante la asfixia financiera que ya le impide atender los compromisos de su actividad.

    Con una deuda superior a los 5.200 millones de euros, el proceso concursal al que se ha visto abocada la inmobiliaria controlada y presidida por Fernando Martín representa la mayor suspensión de pagos de la historia de España.

    La compañía, que instará hoy el concurso ante el juzgado de lo mercantil de La Coruña, atribuyó su grave situación a la negativa del ICO a concederle un crédito de 150 millones de euros para evitar el colapso, al rechazo de sus 45 bancos acreedores a concederle un plazo adicional para obtener el préstamo por otras vías, y a “la clara recesión por la que atraviesa actualmente la economía española en general y el mercado inmobiliario en particular”.

    “Estancamiento radical”
    En un comunicado, la inmobiliaria explicó que esta “recesión económica impacta de forma negativa sobre la capacidad de las familias, no sólo para afrontar nuevas compras de viviendas, sino también las adquisiciones comprometidas y se traduce, a la postre, en un estancamiento radical de las ventas ordinarias de la sociedad y una merma importante de las cuentas a cobrar”.

    La decisión de acudir finalmente al proceso concursal fue adoptada al término de una maratoniana reunión del consejo de administración de la sociedad, que se inició a media tarde, momentos después de que Fernando Martín presentara a Pedro Pérez, secretario general del G-14, su dimisión como presidente del lobby inmobiliario.

    La convocatoria de la sesión del órgano de gobierno de la sociedad fue anunciada en un hecho relevante remitido por la mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que el supervisor suspendiera a las 09:55 horas la cotización de la empresa, cuyos títulos para entonces ya caían un 24,74% en el parqué, acumulando un retroceso del 50,2% en las dos últimas sesiones.

    La compañía cree que la suspensión de pagos es “el mejor modo de evitar un empeoramiento de la situación de crisis que pudiera devenir irreversible y repercutir gravemente en sus acreedores y en los intereses de todos los accionistas”.

    Asimismo, el consejo de Martinsa Fadesa cree que la empresa “tiene viabilidad”, pero que necesita tiempo, confianza de los acreedores y que “se reactive la economía y aumente la confianza de las familias españolas”. Tanto Fernando Martín, como el resto de los miembros del consejo continuarán desempeñando sus funciones al frente de la empresa.

    Supervisión concursal
    La sociedad señala que, bajo la supervisión concursal, concentrará a partir de ahora su actividad, tanto en aquellas actuaciones que supongan la generación de ingresos (venta de activos y gestión del suelo), como en las que permitan una reestructuración “para acomodarse a las nuevas exigencias del mercado y poder así relanzar su proyecto”.

    El colapso de la empresa, que negociaba estos días el despido de un tercio de la plantilla, se desencadenó el pasado viernes, fecha en la que  admitió públicamente el incumplimiento de una cláusula suspensiva contenida en el contrato de reestructuración de su deuda, firmado el pasado mes de mayo con sus 45 bancos acreedores, entre los que figuran Caja Madrid (con cerca de 1.000 millones de euros), La Caixa (700 millones de euros) y Popular (400 millones de euros).

    Esta cláusula le obligaba a obtener del ICO un crédito por 150 millones de euros para dotarse de liquidez y proporcionar oxígeno financiero a una serie de proyectos inmobiliarios en el extranjero.

    Sin embargo, el organismo  rechazó la concesión del crédito, y la empresa ya adelantó entonces que el escenario más probable era una suspensión de pagos, a menos que los bancos le concedieran un mes adicional (hasta el 7 de agosto) para buscar el préstamo. No fue así y ayer claudicó.

    “Martinsa Fadesa es consciente de las consecuencias que el concurso tendrá para sus clientes, proveedores, accionistas, sector inmobiliario y la economía en general”, concluyó.

    Fuente: Expansión.

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  • Categorías: Crisis inmobiliaria, Política Publicado el 09.07.2008 Sin comentarios

    La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, pidió ayer al sector inmobiliario que asuma su responsabilidad ante la crisis del mercado y que contribuya a minimizar el coste social de la misma, que se está traduciendo desde hace ya bastantes meses en pérdida de empleo en la construcción.

    En la inauguración de unas jornadas sobre vivienda organizadas por la revista Metros Cuadrados, la ministra indicó que el sector debe «asumir su responsabilidad, arrimar el hombro y autorregularse con el menor coste social posible». Eso sí, dio una de cal y otra de arena al reconocer que «el sector necesita una intervención inmediata», si bien recalcó que la primera reacción en un sistema de libre mercado debe ser la autorregulación en el sentido de adaptación a las nuevas circunstancias.

    La ministra mostró su confianza en que lo peor del ajuste haya pasado y que las medidas diseñadas por el Gobierno comiencen a dar sus resultados en el presente trimestre.

    Corredor aseguró que el Ejecutivo es consciente de esta situación y que la afrontará «con responsabilidad y plena confianza en las posibilidades de la economía española».

    Para la ministra, el sector inmobiliario puede aprovechar la situación para «convertir problemas en oportunidades» que, en su opinión, pasan por abordar un cambio en la actividad inmobiliaria que suponga abandonar la senda de «crecimiento insostenible» que presentaba «por su carácter expansivo, por sus tensiones especulativas y por consumir ingentes cantidades de recursos naturales».

    Corredor adelantó que antes de fin de año elevará al Consejo de Ministros el plan de rehabilitación integral de edificios y viviendas ya construidos, con el fin de que entre en vigor en enero de 2009. Este «Plan Renove» incluirá actuaciones para alrededor de medio millón de viviendas y contará con una dotación de 2.500 millones de euros financiados a través del ICO.

    Por su parte, el presidente de la patronal de promotores madrileños Asprima, José Manuel Galindo, consideró «difícil» que los promotores «puedan hacer algo más» que transmitir su opinión y hacer propuestas concretas, y reclamó al Ejecutivo medidas estructurales y más ayudas fiscales.

    Para Galindo es complicado que se pueda cambiar el modelo productivo de la última década, caracterizado por la construcción intensiva y expansiva, mientras no se consiga «drenar» el excedente de vivienda libre, lo que llevará entre tres y cuatro años.

    A su juicio, en tanto no se absorba ese «stock», los promotores no van a reanudar la construcción de nuevas viviendas, y recordó al Gobierno los efectos que ese frenazo en la actividad está generando en el crecimiento y el empleo.

    Según sus previsiones, las viviendas iniciadas no llegarán este año a las 200.000, frente a las alrededor de 600.000 comenzadas el año pasado.

    Fuente: ABC.

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  • Categorías: Crisis inmobiliaria Publicado el 27.06.2008 Sin comentarios

    El número de viviendas iniciadas en España en el primer trimestre del año fue de 108.275, lo que supone una caída del 36,1% con respecto al mismo período de 2007, según la última estadística del Ministerio de Vivienda.

    De ellas, únicamente 9.423 han sido viviendas protegidas (VPO), lo que supone una caída del 58,3% respecto al primer trimestre del año anterior. En los últimos doce meses, se han iniciado 70.663 viviendas protegidas, lo que también constituye un descenso del 28,6% respecto a los doce meses anteriores.

    Por su parte, el número de viviendas libres se situó en 98.836 en el primer trimestre, un 32,7% menos que en el mismo periodo de 2007. En los últimos doce meses el descenso fue del 26,2%, hasta las 484.199 viviendas.

    El departamento de Beatriz Corredor indica que la caída de las viviendas iniciadas ha coincidido con un periodo de “mayor restricción” del crédito a los promotores de viviendas protegidas como consecuencia de las turbulencias internacionales, una situación que, según el Ministerio, ha quedado superada por la adopción por parte del Gobierno de las primeras medidas para facilitar la financiación de la VPO con créditos del ICO.

    Por otro lado, el número de viviendas protegidas terminadas en los primeros tres meses de 2008 ascendió a 13.988, mientras que en los últimos doce meses se elevaron a 62.091, un 6,1% menos que las terminadas en el mismo periodo anterior.

    De enero a marzo también se terminaron 165.698 viviendas libres, un 22,7% más que en el mismo periodo del año anterior. En los últimos doce meses, fueron 610.349, un 3,4% más que en el año anterior.

    Continúa el “proceso de ajuste”

    Según el Ministerio de Vivienda, estos datos demuestran que en el primer trimestre de 2008 el sector de la construcción continúa el “proceso de ajuste”, ya que en los últimos doce meses (de abril de 2007 a marzo de 2008), se ha iniciado la construcción de 554.862 viviendas (70.663 protegidas y 484.199 libres), un 26,5% menos que en el mismo periodo del año anterior.

    La estadística de Vivienda muestra también que el saldo neto de hogares creados en España en 2007 fue de 423.009, de los que el 80,6% vivían en propiedad o cesión y el 19,4% en alquiler. Respecto al parque de viviendas de 2006, el número de hogares que accedieron en 2007 a un alojamiento en alquiler se ha incrementado en un 4,6%, mientras que los que han optado por una vivienda en propiedad ha subido un 2,4%.

    Concretamente, España alcanzó en 2007 un parque de viviendas de casi 24,5 millones, un 2,7% más respecto a 2006. De ellas, 16,77 millones (el 68,5% del total) constituyen la residencia habitual y se distribuyen de la siguiente manera: 14,6 millones (el 87,2%) están ocupadas por sus propietarios y 1,88 millones (el 11,2%) están en régimen de alquiler. El resto se encuentra en cesión.

    Del parque total de casi 24,5 millones de viviendas que existían en España en 2007, 21,76 millones (el 88,5%) eran libres y 2,73 millones (el 11,1%), protegidas.

    Finalmente, la estadística del Ministerio de Vivienda indica que de las 88.859 viviendas sociales iniciadas en 2007, el 76,1% se financió a través del Plan Estatal de Vivienda y el resto con programas de iniciativa autonómica. Según su destino, el 73,7% irán a la venta, el 23,1% al alquiler y el resto serán viviendas de autopromoción.

    Fuente: Cinco Días.

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  • La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, dijo hoy que ha pedido a las comunidades autónomas (CCAA) que hagan llegar sus aportaciones al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 antes del verano, tras la conferencia sectorial celebrada hoy con los representantes autonómicos en materia de vivienda.

    La ministra explicó que quiere aunar esas medidas concretas antes del verano con el objetivo de convocar una nueva conferencia sectorial en septiembre, donde profundizarán más en la redacción del Plan.

    Corredor confía en que el Plan, que entrará en vigor en 2009, cuente con un “amplio consenso en su redacción” que permita que se apruebe de forma “mayoritaria o total”.

    En este sentido, la titular de Vivienda recalcó la “buena disposición” de todas las autonomías y valoró la presencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como representante de los ayuntamientos.

    “Tengo una impresión muy positiva”, dijo Corredor, quien manifestó su confianza en que, “siendo realistas, mantengamos este nivel de consenso en su redacción”.

    La titular de Vivienda quiere que el nuevo plan, que contará con la dotación presupuestaria “necesaria”, tenga como principal característica la flexibilidad, es decir, que tenga “menos corsés”, para hacer más eficaz su adaptación a los reglamentos autonómicos.

    Por un lado, Corredor explicó que el plan, que tiene cuatro años de duración, debe poder adaptarse a las peculiaridades autonómicas así como a la coyuntura económica de cada momento ya que, previsiblemente, habrá un punto de inflexión a finales de 2009 o principios de 2010.

    La ministra se mostró optimista en el objetivo de alcanzar un Pacto Estatal por la Vivienda, en el que se incorporará la FEMP, los sindicatos, las asociaciones empresariales y del sector, las entidades bancarias, las organizaciones de consumidores, el Consejo de la Juventud y los colegios profesionales.

    Recordó que el Ministerio quiere que uno de cada tres nuevos hogares cuente con algún tipo de ayuda de acceso a la vivienda, de forma que el nuevo Plan seguirá apostando por el alquiler y por la rehabilitación y renovación urbana, así como por la vivienda protegida para cumplir el objetivo de promover 1,5 millones de este tipo de inmuebles en 10 años.

    Hizo referencia a las medidas adoptadas ya por el Gobierno para atender a la actual situación económica, como la modificación del Plan Estatal de Vivienda vigente, entre las que se encuentran la mejora de la promoción de vivienda concertada o la vivienda protegida en régimen especial.

    Asimismo, mencionó las medidas de estímulo económico adoptadas al inicio de la legislatura, como la ampliación de la línea de avales del ICO hasta 5.000 millones de euros para la financiación de vivienda protegida.

    Fuente: Cinco Días.

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