Periódico del Sur Inmobiliario

Las inmobiliarias valoran, de momento, con poco entusiasmo el anuncio por parte de la ministra Corredor de adquirir activos, debido a la falta de los criterios de selección de los terrenos. Además, piden que no se limite al producto de uso finalista.

Una actuación sin intervenir en el mercado. Así define la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el anuncio del pasado 23 de julio de adquirir suelo privado, con una inversión inicial de 300 millones de euros, destinado a la creación de vivienda protegida. La oferta será llevada a cabo a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y su duración está estimada para los próximos cuatro años.

Las compañías inmobiliarias afectadas han recibido la noticia con cautela, a la espera de que el Ejecutivo y las administraciones regionales y locales definan el acuerdo que les permita valorar en cada caso el interés para cada compañía. Dentro del sector, existen voces que tachan la medida de “pobre” y “electoralista”, un anuncio de cara a la galería que no supondrá ningún revulsivo en la profunda crisis que atraviesa el sector residencial español.

La cifra propuesta como inversión es una de las críticas que recoge la medida. “Una inversión en suelo de 300 millones de euros puede ser cubierta por una sola inmobiliaria, con lo que si esa dotación se reparte entre varios promotores, su incidencia será insignificante”, aseguran desde una inmobiliaria española. La nota dominante es el recelo, a la espera de los criterios concretos de adquisición de los terrenos. La respuesta de estas empresas ante la no-ayuda del Gobierno será la clave para medir el éxito o el fracaso de la iniciativa ministerial. “Acogernos o no variará en función de las condiciones en que se realice, el precio y la situación geográfica y urbanística del suelo cuya venta se proponga”, subraya Pilar Díaz, directora financiera de CMS inmobiliaria.

La medida proviene del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y de Economía, a la espera de consensuar la iniciativa con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con quienes la titular de Vivienda establecerá los criterios de selección de los terrenos en septiembre.

Dichas administraciones jugarán un papel protagonista en el diseño de las líneas finales de la iniciativa ministerial, de la que ya se conoce que se decantará por suelos “susceptibles de transformación inmediata” y aquéllos ubicados en zonas de gran demanda.

Los promotores creen que la decisión de adquirir terrenos en fase finalista no fomenta la venta. “El mayor problema con el que nos encontramos las promotoras para habilitar suelo es la tramitación del planeamiento, muy lento en todas las comunidades autónomas. Sería muy conveniente que el Sepes comprase suelo aún en fase de planeamiento, pues sería considerablemente más barato y aún se podría modificar parámetros urbanísticos para crear un mayor número de viviendas protegidas”, señala la directora financiera de CMS.

Confianza en el Ejecutivo
La ministra de Vivienda insistió en que la oferta no busca ayudar a las compañías inmobiliarias, aunque “eso no quiera decir que el Gobierno no tenga en cuenta los intereses de todos los sectores afectados o que no intente paliar las consecuencias que el mercado les está infringiendo”. A su vez, Corredor pidió a los empresarios inmobiliarios confianza en el Ejecutivo de Zapatero, como base para “superar la difícil coyuntura”, y definió a promotores y constructores como “el instrumento necesario para conseguir la reactivación y reconversión del sector”.

El precio es otra de las preocupaciones por parte de las compañías inmobiliarias. Saber bajo qué criterios se valorará el suelo resulta vital para conocer la idoneidad de su venta. En este sentido, el Ministerio ha asegurado que el valor vendrá “determinado por la oferta que realicen los vendedores del suelo en cada actuación, en relación con los módulos de vivienda protegida”.

La oferta ministerial
· Con un presupuesto inicial de 300 millones de euros de inversión, el Ministerio de Vivienda, a través de la Sepes, comprará suelo privado.
· La iniciativa pública arrancará en octubre y, hasta diciembre, se podrán presentar los terrenos puestos en venta.
· Una vez finalizado el plazo, comenzará el estudio de viabilidad económica de la operación.
· El Gobierno se reservará una opción de compra para los suelos susceptibles de adquisición, de seis meses de duración.

Fuente: Expansión.

Los criterios de selección del suelo serán consensuados entre el Gobierno, el ministerio de Vivienda y la Federación Española de Municipios y Provincias, según ha explicado la ministra Beatriz Corredor.

Corredor ha anunciado que el próximo mes de octubre el Gobierno hará una oferta pública de compra de suelo por un valor de 300 millones de euros.

Serán adquiridos solares privados para la construcción de vivienda protegida. Tendrán prioridad los Ayuntamientos que tengan mayor cantidad de suelo disponible o los que puedan ser edificados de manera inmediata, así como los de las comunidades con una mayor necesidad de viviendas.

Fuente: Antena 3 Noticias.

Lavapiés en Madrid. Ciutat Vella en Barcelona. Triana en Sevilla. Tres ejemplos, tres escenarios urbanos de ese drama silencioso que es el mobbing inmobiliario, un acoso que soportan sobre todo personas mayores con escasos recursos económicos y al que la Justicia y los Ayuntamientos empiezan a plantar cara.

Explica Carlos Mínguez de la Agencia EFE que el problema es de tal magnitud que hasta Naciones Unidas ha puesto el grito en el cielo a través de Miloon Kothari, relator especial para asuntos de vivienda de la organización, quien tras un reciente viaje a España calificaba la situación de “muy grave”.

Kothari, que estuvo en San Sebastián, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, entre otras ciudades, alertaba en un informe sobre la “vulnerabilidad” de las víctimas -ancianos, discapacitados, mujeres, jóvenes…- ante la falta de escrúpulos de los especuladores inmobiliarios, los asustaviejas como son conocidos popularmente, y se sorprendía por la “tímida” actuación de los jueces en estos casos.

La semana pasada uno de Barcelona condenaba a una inmobiliaria a rehabilitar “a fondo” un edificio en el que viven, en condiciones muy precarias, con ratas correteando a sus anchas por el inmueble, ocho vecinos, en su mayoría ancianos, que habían denunciado a su “casero” por usar “métodos de extorsión” y “presión psicológica” en un intento por hacerles abandonar sus pisos de renta antigua.

Este de Barcelona es uno de los miles de casos de mobbing inmobiliario registrados en España en los últimos años, con un escenario casi siempre común: los cascos antiguos de las ciudades.

Suculenta presa para especuladores

Allí proliferan edificios mal conservados, infraviviendas muchas veces, que son presa suculenta para los especuladores, además de, una vez rehabilitados, objetos de deseo para una élite económicamente pudiente que ahora quiere vivir en el centro.

“El problema es más grave de lo que a primera vista pudiera parecer”, asegura Marina Parés, presidenta de la ONG Servicio Europeo de Información sobre Mobbing, para quien la solución está en los ayuntamientos, “porque tienen la competencia y la obligación de evitar la degradación de barrios y edificios”.

Más de 200 casos en Barcelona en 2007; 137 “posibles” en Madrid desde 2003, según Juan José de Gracia, responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda; 160 edificios sevillanos con “patologías graves de deterioro de la edificación” y unos propietarios que no garantizan las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato.

Son cifras que ponen al descubierto una realidad que el Ministerio de la Vivienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se han propuesto combatir con un teléfono gratuito que desde comienzos de año está a disposición de quienes se sienten víctimas de acoso inmobiliario.

A esta iniciativa se han acogido, de momento, diez municipios -A Coruña, Fuenlabrada y Getafe en Madrid, Gijón, L Hospitalet de Llobregat en Barcelona, Denia y Elche en Alicante, Vitoria, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria- y hay otros interesados en sumarse.

Esos ayuntamientos tomarán en cuenta las denuncias telefónicas -hasta el momento unas quinientas, y procedentes de toda España, según Vivienda- y recabarán la intervención de los servicios sociales municipales cuando el caso de acoso lo requiera, además de dirigir a los ciudadanos hacia servicios de orientación y asistencia jurídica gratuita.

De momento, en el Código Penal no está tipificado como delito el mobbing inmobiliario, si bien estas conductas de violencia psicológica y presión pueden calificarse como constitutivas de un delito o falta de coacciones recogidas en los artículos 172 y 620.2, castigadas con multas y hasta prisión.

Reformar el Código Penal

Desde diferentes ámbitos se ha reclamado ir más allá, reformando el Código para incluir éste y otros tipos de mobbing. “La Justicia no es lo suficientemente sensible en estos casos”, apunta María Isabel Torralba, presidenta de la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid, quien habla de la necesidad de una legislación “tajante” y de reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que haya juicios rápidos.

En el Ayuntamiento de Barcelona son partidarios de la mediación, de “explorar la autoridad moral” del consistorio, y de la coordinación, porque, destaca Itziar González, concejala responsable del distrito de Ciutat Vella, cuando no existe “la impunidad es más fácil”.

González, arquitecta y vecina de su distrito, ha sido la principal impulsora del acuerdo suscrito por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y la Fiscalía de Cataluña para crear la primera fiscalía de España especializada en mobbing inmobiliario.

“Que sirva como aviso a los especuladores para que tomen nota y vean que el Ayuntamiento se toma muy en serio el problema”, destaca Antonio Sorolla, delegado de Vivienda en el consistorio barcelonés.

La concejala de Ciutat Vella abunda en la misma idea. “Hemos levantado el brazo en un gesto de autoridad para decirles a los acosadores que su actitud no quedará impune”, comenta.

Los planes a corto y medio plazo de la Fiscalía General del Estado, informó un portavoz, no contemplan extender la iniciativa a otros lugares de España, si bien hay ya voces en la oposición municipal madrileña que la reclaman para la capital.

A cara de perro

En Sevilla, la lucha a cara de perro de su Ayuntamiento contra los acosadores es más efectiva desde que en 2004 se creara la Oficina de asesoramiento a inquilinos en situación de abuso (OTAINSA), que desde entonces ha mantenido reuniones con inquilinos de más de 350 edificios del casco histórico.

“Las condiciones de inhabitabilidad de los edificios provocan en sus moradores un estado grave de desesperanza y desasosiego” que obliga a intervenir con carácter de urgencia a la autoridad urbanística, dijo Antonio Rodrigo Torrijos, delegado de OTAINSA, oficina dentro de la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad.

El primer objetivo de OTAINSA, informa su delegado, es exigir a los propietarios el cumplimiento “escrupuloso” del deber de conservación de los edificios. Si no es así puede llegarse a la expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor. Actualmente hay abiertos 25 expedientes en uno u otro sentidos.

“Pretendemos contribuir -insiste- a la implantación de una cultura en la que sean plenamente compatibles los derechos de propiedad y los de arrendamiento”.

El Ayuntamiento de Madrid apostó hace tiempo por el “control preventivo”, con la puesta en marcha de la ITE, la inspección técnica de los edificios antiguos. Pese a ello, continúa el goteo de denuncias de acoso. “Se ha rehabilitado mucho, pero siguen dándose casos”, afirma Manuel Osuna, presidente de la Asociación de Vecinos “La Corrala”, en el centro de la capital.

Fuente: Periodista Digital.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, dijo hoy que ha pedido a las comunidades autónomas (CCAA) que hagan llegar sus aportaciones al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 antes del verano, tras la conferencia sectorial celebrada hoy con los representantes autonómicos en materia de vivienda.

La ministra explicó que quiere aunar esas medidas concretas antes del verano con el objetivo de convocar una nueva conferencia sectorial en septiembre, donde profundizarán más en la redacción del Plan.

Corredor confía en que el Plan, que entrará en vigor en 2009, cuente con un “amplio consenso en su redacción” que permita que se apruebe de forma “mayoritaria o total”.

En este sentido, la titular de Vivienda recalcó la “buena disposición” de todas las autonomías y valoró la presencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como representante de los ayuntamientos.

“Tengo una impresión muy positiva”, dijo Corredor, quien manifestó su confianza en que, “siendo realistas, mantengamos este nivel de consenso en su redacción”.

La titular de Vivienda quiere que el nuevo plan, que contará con la dotación presupuestaria “necesaria”, tenga como principal característica la flexibilidad, es decir, que tenga “menos corsés”, para hacer más eficaz su adaptación a los reglamentos autonómicos.

Por un lado, Corredor explicó que el plan, que tiene cuatro años de duración, debe poder adaptarse a las peculiaridades autonómicas así como a la coyuntura económica de cada momento ya que, previsiblemente, habrá un punto de inflexión a finales de 2009 o principios de 2010.

La ministra se mostró optimista en el objetivo de alcanzar un Pacto Estatal por la Vivienda, en el que se incorporará la FEMP, los sindicatos, las asociaciones empresariales y del sector, las entidades bancarias, las organizaciones de consumidores, el Consejo de la Juventud y los colegios profesionales.

Recordó que el Ministerio quiere que uno de cada tres nuevos hogares cuente con algún tipo de ayuda de acceso a la vivienda, de forma que el nuevo Plan seguirá apostando por el alquiler y por la rehabilitación y renovación urbana, así como por la vivienda protegida para cumplir el objetivo de promover 1,5 millones de este tipo de inmuebles en 10 años.

Hizo referencia a las medidas adoptadas ya por el Gobierno para atender a la actual situación económica, como la modificación del Plan Estatal de Vivienda vigente, entre las que se encuentran la mejora de la promoción de vivienda concertada o la vivienda protegida en régimen especial.

Asimismo, mencionó las medidas de estímulo económico adoptadas al inicio de la legislatura, como la ampliación de la línea de avales del ICO hasta 5.000 millones de euros para la financiación de vivienda protegida.

Fuente: Cinco Días.