Periódico del Sur Inmobiliario

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de la Comisión Interministerial de Trabajo sobre el Suelo. Este organismo se dedicará a buscar suelo patrimonio del Estado que no esté destinado a servicios públicos para que pueda utilizarse en la construcción de viviendas protegidas, y recopilará la información sobre los terrenos que haya disponibles de los ministerios.

La comisión promoverá también la colaboración entre las distintas administraciones públicas -estatal, autonómicas y locales- para dinamizar este uso del suelo público y hará un seguimiento de los proyectos urbanísticos que surjan de esta iniciativa.

El organismo interministerial estará presidido por el titular de la Secretaría General de Política Económica y Economía Internacional. La vicepresidencia la ocupará el titular de la Secretaría General de Vivienda del Ministerio de Vivienda, y completarán la comisión vocales de los Ministerios de Defensa, Economía y Hacienda, Interior, Fomento, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Vivienda.

Acuerdo entre Vivienda y Defensa

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo entre Vivienda y Defensa por el que se enajenará el suelo de cuatro cuarteles que se dedicará a la construcción de 1.922 viviendas protegidas.

Según este acuerdo, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente de Vivienda, adquirirá a la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED) terrenos que actualmente ocupan el Parque de Ingenieros de Villaverde (Madrid), el Parque de Artillería y el Parque Central de Ingenieros de Valencia y el Regimiento de Artillería de Sevilla.

Una vez comprados los terrenos, la SEPES los urbanizará para que, al menos, el 70% de los mismos puedan ser destinados a la construcción de vivienda protegida. En total, la SEPES va a adquirir a GIED más de 385.000 metros cuadrados de superficie edificable de modo que, tras adecuar su urbanización, puedan construirse 1.922 viviendas protegidas en los municipios de Madrid (1.016 viviendas), Valencia (457) y Sevilla (449).

La cuantía final fijada en el convenio por la enajenación de los terrenos asciende a 112.911.364,87 euros. Este acuerdo se inscribe dentro del Protocolo General de Colaboración entre ambos ministerios que fue presentado al Consejo de Ministros en febrero de 2008 y constituye un paso más en la estrategia del Gobierno de impulsar una política patrimonial “eficaz y responsable al servicio de los intereses generales”, señala la reseña del Consejo.

Oferta Pública de Compra de Suelo

Por otra parte, el Consejo de hoy ha estudiado un informe de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, sobre la Oferta Pública de Compra de Suelo que se publicó el pasado 28 de octubre en el Boletín Oficial del Estado.

La oferta, que tendrá una duración de cuatro años, cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros, a los que la SEPES sumará otros 130 millones en la urbanización. Se calcula que estos suelos permitirán la construcción de entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas, según recordó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Las parcelas ofrecidas deberán tener una superficie que permita la construcción de, al menos, 300 viviendas, con la excepción de Ceuta y Melilla, donde el mínimo será de 150 viviendas. La oferta se hace para los municipios de más de 20.000 habitantes, dando prioridad a las propuestas que consoliden zonas urbanas. Asimismo, sólo se acometerán operaciones económicamente viables y en las que la SEPES tenga la iniciativa urbanística.

Fuente: Expansión.

Las inmobiliarias valoran, de momento, con poco entusiasmo el anuncio por parte de la ministra Corredor de adquirir activos, debido a la falta de los criterios de selección de los terrenos. Además, piden que no se limite al producto de uso finalista.

Una actuación sin intervenir en el mercado. Así define la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el anuncio del pasado 23 de julio de adquirir suelo privado, con una inversión inicial de 300 millones de euros, destinado a la creación de vivienda protegida. La oferta será llevada a cabo a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y su duración está estimada para los próximos cuatro años.

Las compañías inmobiliarias afectadas han recibido la noticia con cautela, a la espera de que el Ejecutivo y las administraciones regionales y locales definan el acuerdo que les permita valorar en cada caso el interés para cada compañía. Dentro del sector, existen voces que tachan la medida de “pobre” y “electoralista”, un anuncio de cara a la galería que no supondrá ningún revulsivo en la profunda crisis que atraviesa el sector residencial español.

La cifra propuesta como inversión es una de las críticas que recoge la medida. “Una inversión en suelo de 300 millones de euros puede ser cubierta por una sola inmobiliaria, con lo que si esa dotación se reparte entre varios promotores, su incidencia será insignificante”, aseguran desde una inmobiliaria española. La nota dominante es el recelo, a la espera de los criterios concretos de adquisición de los terrenos. La respuesta de estas empresas ante la no-ayuda del Gobierno será la clave para medir el éxito o el fracaso de la iniciativa ministerial. “Acogernos o no variará en función de las condiciones en que se realice, el precio y la situación geográfica y urbanística del suelo cuya venta se proponga”, subraya Pilar Díaz, directora financiera de CMS inmobiliaria.

La medida proviene del acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y de Economía, a la espera de consensuar la iniciativa con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con quienes la titular de Vivienda establecerá los criterios de selección de los terrenos en septiembre.

Dichas administraciones jugarán un papel protagonista en el diseño de las líneas finales de la iniciativa ministerial, de la que ya se conoce que se decantará por suelos “susceptibles de transformación inmediata” y aquéllos ubicados en zonas de gran demanda.

Los promotores creen que la decisión de adquirir terrenos en fase finalista no fomenta la venta. “El mayor problema con el que nos encontramos las promotoras para habilitar suelo es la tramitación del planeamiento, muy lento en todas las comunidades autónomas. Sería muy conveniente que el Sepes comprase suelo aún en fase de planeamiento, pues sería considerablemente más barato y aún se podría modificar parámetros urbanísticos para crear un mayor número de viviendas protegidas”, señala la directora financiera de CMS.

Confianza en el Ejecutivo
La ministra de Vivienda insistió en que la oferta no busca ayudar a las compañías inmobiliarias, aunque “eso no quiera decir que el Gobierno no tenga en cuenta los intereses de todos los sectores afectados o que no intente paliar las consecuencias que el mercado les está infringiendo”. A su vez, Corredor pidió a los empresarios inmobiliarios confianza en el Ejecutivo de Zapatero, como base para “superar la difícil coyuntura”, y definió a promotores y constructores como “el instrumento necesario para conseguir la reactivación y reconversión del sector”.

El precio es otra de las preocupaciones por parte de las compañías inmobiliarias. Saber bajo qué criterios se valorará el suelo resulta vital para conocer la idoneidad de su venta. En este sentido, el Ministerio ha asegurado que el valor vendrá “determinado por la oferta que realicen los vendedores del suelo en cada actuación, en relación con los módulos de vivienda protegida”.

La oferta ministerial
· Con un presupuesto inicial de 300 millones de euros de inversión, el Ministerio de Vivienda, a través de la Sepes, comprará suelo privado.
· La iniciativa pública arrancará en octubre y, hasta diciembre, se podrán presentar los terrenos puestos en venta.
· Una vez finalizado el plazo, comenzará el estudio de viabilidad económica de la operación.
· El Gobierno se reservará una opción de compra para los suelos susceptibles de adquisición, de seis meses de duración.

Fuente: Expansión.