Periódico del Sur Inmobiliario

La crisis económica y el derrumbe del sector inmobiliario está provocando una caída sin precedentes de la compraventa de vivienda en España. En septiembre se transmitieron los derechos de propiedad de 45.809 viviendas en España, lo que supone un recorte de un 27,1% respecto al mismo mes de 2007, según los últimos datos aportados ayer por el INE.

Y la peor parte se lo está llevando la vivienda usada, en el que la compraventa cayó un 40,7% en septiembre frente a la bajada del 10,8% experimentada por la de primera mano en el mismo mes. El descenso que se ha producido en los precios de la vivienda usada (un 1,7% entre julio y septiembre en tasa trimestral, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda) y la más que previsible bajada del euríbor, tipo hipotecario al que están referenciados la mayoría de hipotecas en España, no han servido como incentivos para animar a los posibles compradores.

Esos dos factores se han visto frenados por la posibilidad de que los precios sigan en caída libre, como prevén todos los servicios de estudios, y por las dificultades que están encontrando los interesados para conseguir un crédito.

Andalucía, la más afectada

El frenazo inmobiliario no ha afectado por igual a todas las comunidades autónomas por igual. La más perjudicada en términos absolutos ha sido Andalucía, ya que en septiembre de 2007 se adquirieron 14.999 viviendas; doce meses después, la cifra se ha reducido a 9.525 casas, lo que representa un descenso del 37%. En la misma línea, Madrid, Cataluña y Andalucía han experimentado bajadas cercanas al 40%. No hay ni una sola comunidad autónoma en la que la adquisición de viviendas haya crecido en tasa interanual.

El menor interés por la vivienda de segunda mano ha provocado que el 55,7% de las operaciones de compraventa formalizadas en septiembre fueran sobre inmuebles de obra nueva, mientras que las usadas se quedaron con el restante 44,3%.

Fuente: Cinco Días.

El Gobierno reconoce que las nuevas medidas de ayuda a los parados para cubrir las cuotas de sus hipotecas, pueden suponer que tengan que garantizar a las entidades financieras el importe íntegro de los préstamos, ya que los desempleados no podrán cubrirlos.

«Puede haber coste para el Estado, pero si no nos subimos al árbol, no comemos nueces». Con este ejemplo tan gráfico, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, reflejó el pasado sábado, tras el Consejo de Ministros, su disposición a asumir riesgos ante la medida de apoyo a los desempleados para que puedan pagar su hipoteca, regoge M. Valverde en Expansión.

Según el vicepresidente, la aplicación de la medida será acuerdo «basado en dos patas». Por un lado, el Instituto de Crédito Oficial desarrollará convenios con los bancos y cajas de ahorros para facilitar el crédito y, por otro, los bancos tendrán que acordar de forma privada con los titulares hipotecarios el aplazamiento para abaratar «al máximo» la moratoria y evitar costes notariales y registrales.

Además de los desempleados también podrán disfrutar de este beneficio los trabajadores autónomos que cierren su negocio o acrediten ingresos anuales inferiores a 18.900 euros y los pensionistas de viudedad con cargas familiares. El Gobierno calcula que medio millón de personas pueden beneficiarse de esta medida.

La segunda de las propuestas de apoyo a las familias y los trabajadores frente a la crisis, aprobadas el sábado por el Consejo de Ministros, adelanta una parte de la devolución que por compra de vivienda tienen en la declaración de la renta quienes perciben menos de 33.000 euros anuales. Este beneficio incluye a los autónomos con estos ingresos.

A partir del 1 de enero de 2009 los asalariados en esta situación podrán pedir a sus empresas que les rebajen dos puntos de retención en la nómina por el IRPF. Los autónomos podrán reducir la misma cuantía en los pagos fraccionados a Hacienda.

Fuente: Periodista Digital.

Caja Madrid quintuplica sus créditos dudosos por los impagos de hogares.

A principios de este año, el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, advirtió de que la morosidad estaba detrás de la puerta y que cuando entrara, lo haría en tropel. Nunca ha llevado tanta razón el banquero a juzgar por los datos que ayer presentó la entidad que dirige. En sólo doce meses, sus créditos de dudoso cobro se han más que quintuplicado y se elevan ya a 4.732 millones de euros. Y su tasa de morosidad ha pasado del 0,7% al 3,57%, cifra que supera el 2,9% que tenía de media el sector en agosto y está muy por encima del 1,16% anunciado por BBK, el 1,34% de la Kutxa, el 1,49% de Caja Navarra o el 1,76% de la CAI.

Lo preocupante de los datos anunciados por Caja Madrid no es tanto la elevada cifra de impagos, sino que la mayor parte de ellos vienen de las hipotecas de los particulares. De los 3.875 millones de euros de nuevos morosos que se ha apuntado en los últimos doce meses, 1.200 millones son de Martinsa Fadesa y los 2.675 millones restantes son, en su mayoría, créditos a hogares para la compra de vivienda.

No se trata, por tanto, de un caso puntual, sino de una tendencia que afectará previsiblemente a todo el sector y que dejará pequeñas las previsiones de morosidad que se habían hecho hasta ahora. Caja Madrid reconoció que el ajuste está siendo más intenso de lo previsto y atribuyó el aumento a la subida del Euribor y del paro. Los expertos, sin embargo, advierten de que el desempleo no ha tenido todavía casi influencia en las tasas de morosidad y alertan de que los verdaderos efectos serán más intensos que los de la subida de tipos y empezarán a verse en los últimos meses de este año y durante todo 2009. A cambio, podría relajarse la presión sobre las cuotas si continúa la tendencia a la baja del Euribor, que ayer se situó en el 5,112%, el mínimo desde el 6 de junio pasado.

La morosidad afectará más a las entidades que más pujaron por la financiación de la vivienda entre 2004 y 2006, porque entonces los tipos estaban en mínimos. En esos tres años, la entidad madrileña aumentó las hipotecas el 25%, 34% y 28%, respectivamente.

Sin problemas de solvencia
En todo caso, en la caja insisten en que los incrementos de mora no afectarán a su solvencia ni impedirán que siga consiguiendo beneficios. Todo lo más, causarán descensos en las ganancias. Hasta septiembre, los beneficios ascendieron a 1.126,6 millones de euros, un 11,1% menos que en el mismo periodo de 2007, debido a la ausencia de los dividendos de Endesa y Realia, y a la reorganización de su participación en Mapfre. Sin los extraordinarios, hubiera aumentado los resultados un 9,2%.

Fuente: Público.

La merma de ingresos autonómicos está siendo de tal magnitud que algunas regiones han optado por cerrar sus certificaciones de obra en septiembre, lo que significa que las constructoras no cobrarán hasta 2009 por los trabajos realizados a partir de ahora.

La parálisis que vive el mercado inmobiliario no sólo afecta a las cuentas de resultados de las promotoras, también a las arcas públicas y de qué manera. La mayor preocupación de las constructoras ahora es evitar tener que parar numerosas obras por el retraso en los pagos que están detectando en algunas comunidades autónomas. Fuentes del sector explican que como los ingresos autonómicos han sido mucho menores de lo presupuestado, algunos gobiernos autonómicos han decidido no certificar más obras desde el mes de septiembre. ‘No es un fenómeno aislado, está empezando a ocurrir en algunos territorios, son ya varias las comunidades que lo hacen, entre ellas Cataluña y tememos el efecto contagio’, aseguran los fabricantes de materiales de construcción. La Generalitat catalana y otras regiones consultadas como Madrid lo niegan. La certificación es el documento que recibe el contratista como garantía de cobro de una obra y las administraciones suelen emitirlos cada mes. Con ese escrito, la empresa puede acudir al banco y obtener un adelanto del dinero, ya que aunque con retraso, tiene la certeza de que cobrará.

El problema es cuando no se emiten las certificaciones de obra. ‘Si la constructora en primera instancia no sabe cuándo va a cobrar, ésta demorará a su vez el pago a proveedores y empresas subcontratadas, por lo que el efecto en cadena es muy peligroso y puede desembocar en la paralización de los trabajos’, aseguran desde una de las principales patronales de la construcción.

‘En otras circunstancias, aunque no tuvieras la certificación de obra, si el banco sabe que trabajas para un organismo público, solía facilitar la financiación a través de pólizas de crédito y caución u otros mecanismos; ahora la falta de liquidez no permite esa salvaguarda’, recuerdan en una empresa de suministros. Lo peor, según todas las fuentes consultadas, es que entretanto la licitación pública del Gobierno central disminuyó un 37% hasta agosto y continúan aumentando los plazos medios de pago. Así, los fabricantes de materiales de construcción denuncian que las grandes constructoras cobran en un plazo medio de 141 días, cuando hace un año el promedio era de 89 (la ley para la administración pública establece 60 días). Eso se traduce en mayores demoras de éstas con sus suministradores, a quienes pagan al cabo de 229 días, cuando hace sólo unos meses eran 211. ‘Un retraso superior a los 180 días quiere decir que se compromete la mitad de la facturación de todo un año, por lo que la deuda pendiente actual a los fabricantes de materiales podría ascender a 40.000 millones de euros’, señalan desde el sector. Por todo ello, las empresas reclaman al Gobierno medidas que garanticen la liquidez, imprescindible para poder mantener su actividad.

El panorama para el próximo año es aún más descorazonador. Nadie se atreve a aventurar el fin de la crisis financiera y administraciones como el Ayuntamiento de Madrid han paralizado sus inversiones hasta conocer con qué fondos públicos contarán en 2009.

Fuente: Cinco Días.

El número de trabajadores de la construcción afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE’s) autorizados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración se multiplicó por seis durante los siete primeros meses del año respecto a igual periodo de 2007, siendo el sector de la construcción el único en el que aumentaron los empleados inmersos en este tipo de procesos.

En concreto, un total de 2.617 trabajadores de la construcción se vieron afectados por un ERE hasta el mes de julio, un 493,4% más que en igual periodo de 2007, cuando fueron 441 los afectados, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En el resto de sectores se registraron descensos. La mayor caída la experimentó la agricultura, donde los trabajadores afectados por regulaciones de empleo disminuyeron un 76,2% en los siete primeros meses, hasta sumar 796. En la industria, los empleados implicados en estos procesos bajaron un 5,7%, hasta 23.052 trabajadores, mientras que en servicios descendieron un 15,3%, con 8.400 afectados.

La reducción de trabajadores afectados por ERE’s en estos sectores compensó el aumento de la construcción, de forma que el total de trabajadores implicados en regulaciones de empleo autorizadas por Trabajo descendió un 8,6% entre enero y julio, hasta 34.865 empleados. No obstante, este porcentaje se ha reducido en comparación con el registrado entre enero y junio, cuando los trabajadores inmersos en un ERE habían descendido un 22,2%.

Hasta julio, las autoridades laborales autorizaron un 3,8% más de ERE’s que en el mismo periodo del año anterior, con un total de 2.321 expedientes. De esta cantidad, 2.083 fueron pactados con los representantes de los trabajadores y 238 no pactados, afectando, respectivamente, a 31.271 y 3.594 trabajadores.

Del total de ERE’s autorizados en los primeros siete primeros meses del año, 879 se encuadran en el sector servicios, con una caída del 20,8% respecto a igual periodo de 2007, mientras que 1.116 lo hacen en la industria (+68,5%), 164 en el sector agrario (-60,1%) y 162 en la construcción, sector donde los EREs repuntaron un 224%.

Se mantienen los trabajadores afectados por despidos colectivos

Entre enero y julio, el número de expedientes de extinción de empleo (despidos colectivos) autorizados por el Ministerio de Trabajo se mantuvo prácticamente constante respecto al mismo periodo de 2007, con 1.392 procesos (-0,1%). Estos expedientes significaron el despido de 19.540 trabajadores, un 23,9% más.

Asimismo, un total de 14.650 trabajadores se vieron afectados por un expediente de suspensión temporal (-34,2%), frente a 675 que se vieron afectados por una reducción de jornada, casi seis veces más que en igual periodo de 2007 (+418,8%).

Por sexos, los expedientes de regulación de empleo afectaron en mayor medida a los trabajadores varones (24.902) que a las mujeres (9.963). Los primeros cayeron un 16,7% respecto a los siete primeros meses de 2007, mientras que las mujeres afectadas aumentaron un 20,6%.

Fuente: Cinco Días.

Las constructoras y promotoras Jeresur, Construcciones y Promociones Besuri, Construcciones Giner y Progecsa han sido declaradas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) por juzgados de lo Mercantil de las provincias de Cádiz, Castellón, Murcia y Sevilla.

Los acreedores de cada una de estas compañías podrán comunicar a los respectivos juzgados los importes que las empresas les adeudan durante un plazo de un mes a contar desde hoy, cuando los concursos se publican en el Boletín Oficial de Estado (BOE).

En concreto, el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz ha declarado en concurso a Jeresur, compañía de construcciones y reparaciones con sede en Jérez de la Frontera.

Asimismo, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón declaró en suspensión de pagos a Construcciones y Promociones Besuri. Al tratarse de un concurso voluntario, solicitado por la propia empresa, la compañía conservará las facultades de administración, si bien estarán sometidas a una administración concursal.

De su lado, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia decretó el concurso, también de carácter voluntario, de Construcciones Giner, con sede en Lorca. La empresa tendrá facultades de administración supervisadas por los administradores concursales, cargos para los que se ha designado al abogado Antonio Morenilla, al miembro del Colegio Profesional de Economistas Antonio Serrano y a Caja Murcia en su calidad de acreedor.

Por último, el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla declaró en concurso a Promociones Generales y Contratas (Progecsa), con sede en la capital andaluza.

Fuente: Cinco Días.

Los precios de la vivienda han caído más de un 5% este año. Una de cada cinco inmobiliarias ha echado el cierre tras explotar la burbuja de la vivienda y el euribor sigue por encima del 5%. Ante esta situación, resulta irónico que todavía haya quien consigua ganar dinero invirtiendo en ladrillo. Los afortunados son los fondos inmobiliarios directos, es decir, aquellos que invierten en activos para destinarlos al alquiler.

Según los datos de Morningstar a 31 de agosto, ocho de los nueve productos de este tipo que se comercializan en España están en positivo este año. Además, no sólo han conseguido no caer en pérdidas, sino que también han logrado el más difícil todavía: ganar activos en un momento en el que la industria ha perdido más de 50.000 millones de euros.

En concreto, los fondos inmobiliarios han conseguido incrementar su patrimonio un 1,17% de media. Los dos casos más extremos son BBVA Propiedad, cuyos activos se han reducido un 20% y Sabadell BS Patrimonio, que ha aumentado su capital bajo gestión un 39,38%. Pese a este importante ascenso del fondo del Banco Sabadell, es el de Santander, Santander Banif Inmobiliario, el que acumula la mayor parte del patrimonio gestionado y también la mejor rentabilidad en lo que va de año. Gana un 3,22% en el año, un 5,65% a doce meses y gestiona nada menos que 3.983,73 millones de euros.

Pero ¿cómo puede explicarse que los que invierten en ladrillo a través de fondos ganen en una crisis provocada en gran parte por el sector inmobiliario? La caída de precios en el sector de la vivienda ha provocado que los activos donde invierten estos productos se hayan abaratado, por lo que han surgido verdaderas oportunidades. Además, hay que recordar que los activos que componen la cartera de estos productos de inversión están destinados al alquiler y este negocio, lejos de quebrar, está atravesando uno de sus mejores momentos.

Los ‘buitres’, al acecho

Junto con los inversores particulares, los fondos de inversión de opportunities, más conocidos como fondos buitre, también han empezado a echar el ojo a nuestro mercado. “Llevan analizando el terreno español desde 2007, sobre todo en la costa, y aunque ya hemos recibido varias solicitudes, aún están esperando que caigan más los precios. Será ahí cuando entren”, asegura Javier García Mateo, director de Análisis e Investigación de Mercado de Aguirre Newman.

Los fondos buitre buscan obtener rentabilidades en términos de TIR del 20%, por lo que necesitan que el valor de los activos donde inviertan se doble en cinco años. Sus objetivos en nuestro país son sobre todo el suelo, el mercado residencial y también las promociones inmobiliarias y promotoras.

De hecho, hay que recordar que varios de ellos ya compraron deuda de Fadesa con descuentos del 50% y algunos medios apuntan a que podrían hacerlo también en Colonial e incluso Cortefiel. “Estos fondos no necesitan financiación y hay muchos ingleses y estadounidenses que empiezan a mirar al mercado, ya que hay compañías que están muy endeudadas y sí podrían sacar activos muy baratos en el mercados”, afirma Jorge Sena, director de inversión en oficinas de Jones Lang LaSalle.

De momento, los que sí han entrado, además de family offices (basta recordar la compra de la ciudad financiera del Santander por parte de la sociedad de Amancio Ortega, Pontegadea) son los fondos core, también llamados fondos alemanes. Estos buscan rentabilidades entre el 8-9% en términos de TIR y activos más seguros, fundamentalmente en el mercado de oficinas. Entre los últimos ejemplos de estas operaciones está la adquisición de la Torre Diagonal en Barcelona por 80 millones de euros o la del edificio de Prisa, también en Barcelona, por Drago Capital Partners.

Fuente: El Economista.

La crisis económica está pasando una dura factura a las autonomías que más crecieron durante los años de burbuja inmobiliaria. Este es el caso de Madrid, Valencia y Murcia y así se pone de manifiesto en la última Encuesta de Población Activa (EPA). En Madrid el paro ha aumentado en el segundo trimestre del año en 51.000 personas, lo que supone un incremento próximo al 21%. Algo similar ha sucedido en las autonomías de Valencia y Murcia, que registran el mayor crecimiento del desempleo de abril a junio, con porcentajes de aumento del 21,66% y del 20,99%, respectivamente.

Estos datos contrastan con lo que ha sucedido en otras autonomías, como es el caso de Catalunya, donde el aumento del paro ha sido considerablemente menor, a pesar de que la construcción tiene en su estructura económica un peso similar al de Madrid. En Catalunya, el número de desempleados sólo creció en 2.100 personas en el mismo periodo, lo que supone un aumento de apenas un 0,72%. Su tasa de paro, del 7,6%, es una de las bajas, junto a las de Aragón y el País Vasco.

La comparación es todavía más significativa si se tiene en cuenta que la población activa en Catalunya ha aumentado prácticamente el doble que en Madrid, tanto en términos interanuales (41.000 frente a 24.000 personas) como trimestrales (en el segundo trimestre ha aumentado en Catalunya en 15.000 personas, frente a las 7.800 de Madrid).

La EPA es un indicador sintético para seguir la coyuntura económica, según Ángel Laborda, director de coyuntura de Funcas.

Por los datos del segundo trimestre, se puede deducir que el crecimiento económico en Madrid habría sufrido un fuerte frenazo respecto a la intensidad que había registrado en los últimos siete años, en los que siempre se mantuvo por encima de la media española. Según los datos de la Contabilidad Regional que facilita el Instituto Nacional de Estadística, Madrid tuvo en el periodo 2000-2007 un crecimiento anual medio del 3,56%, por encima de la media española, que fue del 3,41%. Por el contrario, Catalunya estuvo creciendo ligeramente por debajo de la media: un 3,27% anual.

Resulta difícil señalar un factor diferencial entre Madrid y Catalunya que explique su distinto comportamiento ante la crisis. Según los expertos consultados, se trata de una combinación de elementos y habrá que analizar lo que sucede en los próximos trimestres para comprobar si la tendencia se mantiene.

Uno de los elementos que podrían explicar por qué el paro crece más en Madrid que en Catalunya podría estar en la diferencia del tejido empresarial. Madrid concentra las grandes empresas, que son las más expuestas a la evolución del ciclo, sobre todo en el sector inmobiliario. Por el contrario, Catalunya tiene un tejido empresarial más diversificado, con pymes, muchas de ellas industriales, que ya sufrieron el ajuste y la deslocalización.

El turismo es otro de los elementos que pueden explicar la diferencia, ya que hasta el momento es junto con los servicios lo que mejor está aguantando el cambio de ciclo. Catalunya es el primer destino turístico de España. Esta misma tesis podría sustentarse al analizar Baleares, donde el paro bajó en 10.300 personas, más de un 17%, en el segundo trimestre. Por el contrario, en los últimos siete años y con la burbuja inmobiliaria en pleno auge, Baleares estuvo a la cola del crecimiento económico, con una media del 2,3%. En ese mismo periodo, Murcia fue la comunidad que más creció, cinco décimas por encima de la media nacional.

En contraste con la zona levantina, el llamado eje del Ebro parece estar aguantando mejor, concretamente Aragón, lo que podría justificarse por los trabajos de la Expo, que ha permitido alargar la actividad económica.

Fuente: La Vanguardia.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) solicitó hoy la colaboración de las entidades financieras para “procurar” evitar circunstancias como la que atraviesa la inmobiliaria Martinsa Fadesa, por considerar que a los bancos y cajas “no les interesa convertirse en inmobiliarias”. Los trabajadores de la construcción afectados por EREs se multiplicaron por cinco hasta mayo.

El presidente de la patronal, José Manuel Galindo, aseguró que una eventual suspensión de pagos de la inmobiliaria controlada por Fernando-Martín “no es una buena noticia” y abogó por buscar “una fórmula” para que todas las inmobiliarias “puedan desarrollar su actividad industrial como lo han hecho hasta ahora”.

Tras la reunión mantenida con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, Galindo lamentó que la Martinsa-Fadesa pase por esta situación como consecuencia de que resulte “complicado” refinanciar su deuda de acuerdo con las previsiones que había realizado.
La sombra de Fadesa

La inmobiliaria que preside Martín está suspendida de cotización en bolsa desde primera hora de la mañana de hoy. Según publican hoy diferentes medios, Martinsa-Fadesa, una de las primeras compañías del sector cotizadas, está estudiando la posibilidad de solicitar concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos).

En el momento de la suspensión de la cotización, los títulos de la compañía se dejaban un 26,8% y cotizaban a 7,10 euros, la mitad respecto a los 14,66 euros a los que cerró el pasado jueves.

La inmobiliaria se desplomó un 33,83% el viernes después de que informase al mercado de que ha pedido más plazo para negociar el préstamo de 150 millones de euros que le obliga a conseguir el contrato de refinanciación de deuda firmado en mayo. La compañía apuntó que el incumplimiento de esta condición podría suponer el vencimiento anticipado del contrato de refinanciación.

Fuente: Periodista Digital.

El consejo de administración de la inmobiliaria acuerda por unanimidad presentar concurso voluntario de acreedores ante la falta de tesorería y atribuye su situación a “la clara recesión que atraviesa la economía española y el mercado inmobiliario”.

El consejo  de administración de la inmobiliaria Martinsa Fadesa decidió anoche presentar la solicitud del concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) ante la asfixia financiera que ya le impide atender los compromisos de su actividad.

Con una deuda superior a los 5.200 millones de euros, el proceso concursal al que se ha visto abocada la inmobiliaria controlada y presidida por Fernando Martín representa la mayor suspensión de pagos de la historia de España.

La compañía, que instará hoy el concurso ante el juzgado de lo mercantil de La Coruña, atribuyó su grave situación a la negativa del ICO a concederle un crédito de 150 millones de euros para evitar el colapso, al rechazo de sus 45 bancos acreedores a concederle un plazo adicional para obtener el préstamo por otras vías, y a “la clara recesión por la que atraviesa actualmente la economía española en general y el mercado inmobiliario en particular”.

“Estancamiento radical”
En un comunicado, la inmobiliaria explicó que esta “recesión económica impacta de forma negativa sobre la capacidad de las familias, no sólo para afrontar nuevas compras de viviendas, sino también las adquisiciones comprometidas y se traduce, a la postre, en un estancamiento radical de las ventas ordinarias de la sociedad y una merma importante de las cuentas a cobrar”.

La decisión de acudir finalmente al proceso concursal fue adoptada al término de una maratoniana reunión del consejo de administración de la sociedad, que se inició a media tarde, momentos después de que Fernando Martín presentara a Pedro Pérez, secretario general del G-14, su dimisión como presidente del lobby inmobiliario.

La convocatoria de la sesión del órgano de gobierno de la sociedad fue anunciada en un hecho relevante remitido por la mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que el supervisor suspendiera a las 09:55 horas la cotización de la empresa, cuyos títulos para entonces ya caían un 24,74% en el parqué, acumulando un retroceso del 50,2% en las dos últimas sesiones.

La compañía cree que la suspensión de pagos es “el mejor modo de evitar un empeoramiento de la situación de crisis que pudiera devenir irreversible y repercutir gravemente en sus acreedores y en los intereses de todos los accionistas”.

Asimismo, el consejo de Martinsa Fadesa cree que la empresa “tiene viabilidad”, pero que necesita tiempo, confianza de los acreedores y que “se reactive la economía y aumente la confianza de las familias españolas”. Tanto Fernando Martín, como el resto de los miembros del consejo continuarán desempeñando sus funciones al frente de la empresa.

Supervisión concursal
La sociedad señala que, bajo la supervisión concursal, concentrará a partir de ahora su actividad, tanto en aquellas actuaciones que supongan la generación de ingresos (venta de activos y gestión del suelo), como en las que permitan una reestructuración “para acomodarse a las nuevas exigencias del mercado y poder así relanzar su proyecto”.

El colapso de la empresa, que negociaba estos días el despido de un tercio de la plantilla, se desencadenó el pasado viernes, fecha en la que  admitió públicamente el incumplimiento de una cláusula suspensiva contenida en el contrato de reestructuración de su deuda, firmado el pasado mes de mayo con sus 45 bancos acreedores, entre los que figuran Caja Madrid (con cerca de 1.000 millones de euros), La Caixa (700 millones de euros) y Popular (400 millones de euros).

Esta cláusula le obligaba a obtener del ICO un crédito por 150 millones de euros para dotarse de liquidez y proporcionar oxígeno financiero a una serie de proyectos inmobiliarios en el extranjero.

Sin embargo, el organismo  rechazó la concesión del crédito, y la empresa ya adelantó entonces que el escenario más probable era una suspensión de pagos, a menos que los bancos le concedieran un mes adicional (hasta el 7 de agosto) para buscar el préstamo. No fue así y ayer claudicó.

“Martinsa Fadesa es consciente de las consecuencias que el concurso tendrá para sus clientes, proveedores, accionistas, sector inmobiliario y la economía en general”, concluyó.

Fuente: Expansión.