La inmobiliaria Habitat ya está oficialmente en los juzgados. El titular del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona admitió ayer a trámite el concurso de acreedores voluntario solicitado el pasado viernes por la compañía presidida por Bruno Figueras.
Según la valoración realizada por CB Richard Ellis para Habitat, el pasado 30 de junio, los activos de la empresa ascendían a 1.956 millones de euros. Esta cifra sólo cubre el 83,3% de la deuda de la compañía, que se sitúa en 2.348 millones de euros, según el auto del juez.
Habitat dejará un agujero de al menos 392 millones de euros en sus acreedores, teniendo en cuenta que la empresa ha continuado llevando a cabo desinversiones desde el pasado 30 de junio y que los activos –principalmente el suelo– siguen perdiendo valor.
De los 2.348 millones de euros de deuda de la compañía, más del 85% corresponde a compromisos de naturaleza financiera –bancos, cajas y Ferrovial–, mientras el 15% restante se reparte entre más de mil acreedores comerciales.
En diciembre de 2007, el informe realizado por CB Richard Ellis situaba el valor de los activos de Habitat en 2.700 millones de euros, lo que representa un descenso de más 700 millones de euros en seis meses.
Según la valoración de 30 de junio, la cartera de la inmobiliaria está compuesta por 191 activos, entre patrimonio en renta, unidades pendientes de venta, obra en curso para promoción, suelos en propiedad y opciones de compra. Los terrenos suponen el 50,9% del valor de la cartera de Habitat y están repartidos entre España, Portugal, Hungría y Argentina.
Las viviendas en venta y las promociones pendientes de desarrollo aportan el 42,9% de los activos de la compañía, teniendo en cuenta tanto los proyectos desarrollados a través de filiales propias como a través de empresas en las que Habitat cuenta con una participación. Entre el patrimonio en renta, figuran un edificio en Lisboa, cinco en Barcelona y un hotel y un campo de golf en Girona.
Estos activos servirán para que los administradores concursales decidan cómo pagar a los acreedores. Según fuentes judiciales, la empresa puede pactar con los acreedores una quita –con lo que se reduciría el pasivo– y un aplazamiento del pago, de manera que los activos ganarían tiempo para revalorizarse.
Banca y artículo 71
El magistrado encargado del expediente ha designado a Enric Faura Lluís (auditor), Joan Antoni Borràs Abós (abogado) y a La Caixa como administradores concursales. La entidad financiera ha sido elegida por parte del juez para que “el grueso de la deuda quede incorporado al órgano de administración” de la compañía.
La Caixa y Caja Madrid son los principales acreedores de Habitat, con 232 millones y 220 millones de euros, respectivamente. La banca cuenta con una posición preferente en el listado de acreedores. Tal y como sucedió con Martinsa Fadesa, en el acuerdo de renegociación de la deuda que se pactó a principio de año, las entidades financieras exigieron que las garantías personales se convirtieran en hipotecarias.
Los acreedores hipotecario son los primeros en cobrar en caso de concurso y no están sujetos, además, al convenio que se pacte. Trabajadores, Hacienda, Seguridad Social, acreedores ordinarios, accionistas y administradores figuran a continuación.
Teniendo en cuenta el artículo 71 de la Ley Concursal –que hace referencia a la retroactividad de las operaciones realizadas dos años antes de la declaración del concurso–, el juez podría considerar que el aumento de garantías exigido por la banca en la refinanciación perjudica al resto de acreedores y anularlo (atendiendo al punto 3.2 del citado artículo).
Fuentes financieras explican que la intención de la banca acreedora es renunciar a dichas garantías, con lo que esquivarían una posible acción del juez en su contra.
De no hacerlo, el juez podría considerar que la banca ha actuado de mala fe al asegurarse unas garantías siendo conocedora de que Habitat iba a presentar expediente concursal.
De detectar el juez este supósito, podría relegar a la banca a la condición de deuda subordinada. En ese caso, si la empresa fuera a liquidación, no percibiría nada porque antes cobrarían los trabajadores, la seguridad social y los proveedores. También tendría prioridad la financiación de la finalización de obras pendientes para atender los compromisos con los clientes.
Fuente: Expansión.
