El juzgado mercantil número 1 de La Coruña ha dado un primer paso para invalidar el contrato de refinanciación firmado en mayo de 2008 entre la inmobiliaria Martinsa Fadesa y sus 45 bancos acreedores, liderados por La Caixa en calidad de entidad agente del crédito sindicado de 4.100 millones de euros. Dos meses después de firmar aquella novación del contrato de financiación, la inmobiliaria protagonizó el mayor concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de la historia en España.
En un auto firmado el pasado 8 de enero, el juez ha prohibido cautelarmente a los bancos acreedores de Martinsa Fadesa que se apropien de los activos inmobiliarios que la empresa aportó como nuevas garantías del pago de la deuda refinanciada hace ocho meses. Asimismo, ha ordenado a La Caixa que entregue en el juzgado las copias del contrato de financiación.
Acciones rescisorias
Con esta iniciativa, el juez acepta la solicitud de los tres administradores concursales de Martinsa Fadesa de imponer medidas preventivas para evitar que los bancos se adelanten a la decisión de fondo que tendrá que adoptar el juez respecto a las intenciones declaradas en el informe concursal por los administradores: la anulación del contrato de refinanciación de la deuda de Martinsa Fadesa a través de las denominadas acciones de rescisión y reintegración.
Estos mecanismos están regulados en la ley concursal y contemplan la anulación por el juez de los actos perjudiciales contra el activo de la empresa realizados por el deudor en los dos últimos años antes de la declaración del concurso de acreedores, aunque no haya existido intención fraudulenta.
En el auto del juzgado de La Coruña, al que tuvo acceso la agencia Efe, el magistrado considera necesarias las medidas cautelares admitidas a trámite, ya que las acciones rescisorias quedarían comprometidas “si, para entonces, alguna de las entidades financieras acreditantes hubiese logrado hacer efectivas, en pago de su crédito, alguna de las garantías cuya rescisión se persigue”.
El riesgo
A pesar de que buena parte de los bancos de Martinsa Fadesa han renunciado ya a las garantías de aquella refinanciación, las consecuencias de la invalidación de este acuerdo pueden ser inimaginables, en la medida en que sienta un explosivo precedente sobre una cuestión sobre la que apenas existe jurisprudencia, dado el escaso recorrido de la ley concursal (su entrada en vigor tuvo lugar en 2004).
Si el juez aprueba la acción de reintegración que reclaman los administradores, por considerar que aquella refinanciación de los bancos perjudicó, bien a la empresa, bien al resto de acreedores, una buena parte de esos 4.000 millones perderán la condición de créditos privilegiados en el convenio de acreedores, y, por tanto, la prioridad de cobro sobre el resto de las deudas ordinarias de la inmobiliaria. La experiencia concursal de los últimos cinco años demuestra que, en la inmensa mayoría de los casos, muchos créditos ordinarios nunca llegan a cobrarse. Martinsa debe 7.000 millones de euros.
En el punto de mira
Los juristas han puesto el punto de mira en los contratos de refinanciación de deuda suscritos por empresas que posteriormente acabaron en concurso de acreedores, en la medida en que estos contratos fueron supuestamente aprovechados por los bancos acreedores para incluir, en el perímetro de la deuda avalada con garantías hipotecarias o pignoraticias, otras líneas de crédito no garantizadas, unificando toda la deuda bajo un único contrato. Si bien se desconoce en detalle el contrato de refinanciación de Martinsa Fadesa, éste parece haber sido su caso.
Hay que recordar que la empresa de Fernando Martín no es la única inmobiliaria en este supuesto. La catalana Habitat presentó en noviembre del pasado año concurso de acreedores, pocos meses después de que sus bancos acreedores aceptaran refinanciar (varios de ellos a regañadientes) los 2.300 millones que adeudaba, en un contrato firmado in extremis pocas fechas antes de las Elecciones Generales de marzo de 2008.
Otras grandes inmobiliarias, como Colonial, Reyal Urbis o Afirma han refinanciado su deuda en los últimos meses, pero no han escapado totalmente al riesgo de caer en concurso de acreedores.
El grupo plantea 400 recursos al convenio
Martinsa Fadesa ha presentado 400 impugnaciones al convenio de acreedores elaborado por los tres administradores judiciales de la inmobiliaria. Este convenio cuantificó en más de 7.000 millones de euros el pasivo concursal de la empresa. El pasado día 15, finalizó el plazo para que todas las partes (empresa y acreedores) presentaran sus alegaciones contra el convenio.
Por el momento, se desconocen el número de impugnaciones de los acreedores (sólo se sabe que la banca de Martinsa lo ha impugnado en bloque), pero aún no es público el volumen de reclamaciones de clientes, proveedores y subcontratas, si bien se prevé que ronde las 500. En cualquier caso, en círculos próximos a la empresa se ha da por hecho que la tramitación judicial de todas estas alegaciones se prolongará durante cerca de un año.
Expertos del sector no son tan optimistas y auguran un plazo superior, en la medida en que todas y cada una de estas reclamaciones han de sustanciarse como juicios independientes. Mientas no se tramiten todas ellas, no se puede convocar la junta de acreedores y, por tanto, no se puede aprobar el convenio ni la empresa puede salir del proceso concursal.
Consciente de esta situación, Martinsa Fadesa quiere alcanzar cuanto antes un acuerdo de facto con la mayoría de sus acreedores para operar con un acuerdo oficioso bajo el brazo, lo que mejoraría sustancialmente su imagen ante clientes y proveedores, pese a continuar legalmente en la situación de concurso de acreedores. De momento, y tras proponer pagar íntegramente la deuda con una espera total de ocho años, ya ha conseguido la adhesión de Caja Madrid y La Caixa, sus dos principales acreedores.
Fuente: Expansión.
