La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, pidió ayer al sector inmobiliario que asuma su responsabilidad ante la crisis del mercado y que contribuya a minimizar el coste social de la misma, que se está traduciendo desde hace ya bastantes meses en pérdida de empleo en la construcción.
En la inauguración de unas jornadas sobre vivienda organizadas por la revista Metros Cuadrados, la ministra indicó que el sector debe «asumir su responsabilidad, arrimar el hombro y autorregularse con el menor coste social posible». Eso sí, dio una de cal y otra de arena al reconocer que «el sector necesita una intervención inmediata», si bien recalcó que la primera reacción en un sistema de libre mercado debe ser la autorregulación en el sentido de adaptación a las nuevas circunstancias.
La ministra mostró su confianza en que lo peor del ajuste haya pasado y que las medidas diseñadas por el Gobierno comiencen a dar sus resultados en el presente trimestre.
Corredor aseguró que el Ejecutivo es consciente de esta situación y que la afrontará «con responsabilidad y plena confianza en las posibilidades de la economía española».
Para la ministra, el sector inmobiliario puede aprovechar la situación para «convertir problemas en oportunidades» que, en su opinión, pasan por abordar un cambio en la actividad inmobiliaria que suponga abandonar la senda de «crecimiento insostenible» que presentaba «por su carácter expansivo, por sus tensiones especulativas y por consumir ingentes cantidades de recursos naturales».
Corredor adelantó que antes de fin de año elevará al Consejo de Ministros el plan de rehabilitación integral de edificios y viviendas ya construidos, con el fin de que entre en vigor en enero de 2009. Este «Plan Renove» incluirá actuaciones para alrededor de medio millón de viviendas y contará con una dotación de 2.500 millones de euros financiados a través del ICO.
Por su parte, el presidente de la patronal de promotores madrileños Asprima, José Manuel Galindo, consideró «difícil» que los promotores «puedan hacer algo más» que transmitir su opinión y hacer propuestas concretas, y reclamó al Ejecutivo medidas estructurales y más ayudas fiscales.
Para Galindo es complicado que se pueda cambiar el modelo productivo de la última década, caracterizado por la construcción intensiva y expansiva, mientras no se consiga «drenar» el excedente de vivienda libre, lo que llevará entre tres y cuatro años.
A su juicio, en tanto no se absorba ese «stock», los promotores no van a reanudar la construcción de nuevas viviendas, y recordó al Gobierno los efectos que ese frenazo en la actividad está generando en el crecimiento y el empleo.
Según sus previsiones, las viviendas iniciadas no llegarán este año a las 200.000, frente a las alrededor de 600.000 comenzadas el año pasado.
Fuente: ABC.
